A más de 2 años de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que se cometieron actos de tortura, abuso, detención arbitraria y retención ilegal en la incursión policial que se realizó a la comunidad de Arantepacua en abril del 2017, el Congreso de Michoacán etiquetó en el Presupuesto de Egresos 2023 $11,463,385.32 (once millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.) para la reparación del daño a las víctimas.
Los recursos serán aportados de esta manera: $8,024,695.92 (ocho millones veinticuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 92/100 M.N.) a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y $3,439,155.40 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.) por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo al reporte de la CNDH, el 5 de abril del 2017 un grupo de habitantes de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, denunciaron la incursión de policías estatales, cuando se llevaban a cabo las negociaciones para liberar a 38 detenidos al transitar en un autobús con reporte de robo.
Sin embargo, los elementos policiales arremetieron en contra de los pobladores de esta comunidad lo que derivó en un enfrentamiento, que provocó la muerte de 5 personas, 4 comuneros y 1 policía estatal, además de alrededor de 45 heridos, entre ellos 37 civiles y 8 oficiales.
Tras resolver la queja, la CNDH emitió una serie de recomendaciones, al gobernador de Michoacán, representado en 2020 por Silvano Aureoles Conejo y a la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Adrián López Solís:
- Reparar el daño e inscribir en el Registro Nacional a las Víctimas.
- Realizar un proyecto de reparación del daño a nivel colectivo junto con la FGE y el ayuntamiento de Nahuatzen.
- Ofrecer una disculpa pública institucional a las Víctimas y a sus familiares, por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, que debe llevarse en un acto de manera conjunta.
- Deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan en contra de los servidores públicos involucrados por las violaciones a los derechos humanos cometidas.
- Designar al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
En enero del 2021, Aureoles Conejo aseguró que acataría la recomendación de la CNDH, pero no lo llevó a la práctica; en el mismo sentido se ha pronunciado el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien en 3 ocasiones ha señalado que ya se prepara la disculpa pública, pero no se ha concretado.
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