Morelia, Michoacán.– El Poder Judicial del Estado revisa la demolición de un edificio inconcluso que representa un riesgo estructural y que no podrá ser terminado ni reutilizado, como parte de una estrategia para redirigir recursos a proyectos viables de infraestructura judicial, informó la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar.
La funcionaria explicó que la construcción, heredada de administraciones anteriores, permanece sin uso, presenta fallas y se ha convertido en un pasivo financiero y operativo. “Por ejemplo, vamos a tener que derrumbar el edificio que tenemos al lado, que tiene un gran riesgo y que es un elefante blanco ahí, que nunca se concluyó. El edificio que tenía falla. Tiene falla. Así es. El que está sin concluir. Entonces, finalmente esas determinaciones nos van a permitir también canalizar los recursos adecuadamente a donde se requieren”, informó.
Precisó que incluso su demolición implica costos, por lo que actualmente se analiza el costo de oportunidad, así como el cierre de contratos con proveedores adjudicados en procesos previos. Añadió que estas determinaciones permitirán canalizar los recursos de manera adecuada hacia proyectos que sí fortalezcan la operación del Poder Judicial.
En ese contexto, la magistrada indicó que uno de los proyectos prioritarios será el seguimiento y desarrollo de la Ciudad Judicial en Zamora, concebida como una inversión estratégica para concentrar órganos jurisdiccionales, dejar de rentar inmuebles y generar ahorros a largo plazo, además de fortalecer el patrimonio institucional. Explicó que los recursos se destinarán a la habilitación, construcción y puesta en marcha de este complejo, actualmente en etapa de planeación presupuestal y técnica.
“Nuestros recursos van a ser destinados a un proyecto en donde vamos a buscar su habilitación y su construcción, porque es un área de oportunidad para que el propio Poder Judicial tenga sus espacios, dejemos de rentar y concentremos ahí los órganos jurisdiccionales”, expuso la magistrada, al señalar que existe una proyección inicial de inversión que podría oscilar entre los 40 y 60 millones de pesos, sujeta a ajustes conforme se definan las necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento.
Trevizo Guízar subrayó que la prioridad es invertir en espacios funcionales y operables, ya que de nada sirve mantener edificaciones que no cumplen con condiciones de seguridad ni utilidad, mientras que proyectos como la Ciudad Judicial representan una inversión a futuro que impactará tanto en el ahorro presupuestal como en la mejora del servicio de justicia en el estado.
