En un pronunciamiento público, los integrantes de la Red de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción, manifestaron su preocupación con la reforma a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para excluir su aplicación de las contrataciones del sector salud que se realicen con la intermediación de organismos internacionales.
En el documento, explicaron que con las modificaciones legales, el gobierno federal tiene facultades para contratar mediante un intermediario único u organismo internacional, los medicamentos, insumos, equipo y servicios médicos en el extranjero, sin licitación ni control de calidad, precio y evaluación previstos en la ley.
Señalaron que incluso “el Ejecutivo no requerirá tampoco una investigación de mercado para justificar que esta adjudicación es la mejor opción para el Estado.”
Ante esta situación, los ciudadanos encargados de coadyuvar en el combate a la corrupción en el país, advirtieron “que la facultad prevista en la reforma es altamente discrecional y no tiene límite alguno pues deja abierto que pueda hacerse este tipo de contrataciones en cualquier momento y sin necesidad de que exista emergencia sanitaria”.
Consideraron que esto impacta de manera negativa en la transparencia de la propia contratación.
“Hay una relación inversamente proporcional entre transparencia y corrupción pues a menor transparencia mayor corrupción. La opacidad en las adjudicaciones que se realicen bajo este mecanismo también impacta en la disminución de competidores y también hay una relación inversamente proporcional entre competencia y corrupción”.
Además, aseguraron que la reforma a la Ley federal de Adquisiciones contraviene la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y los Tratados comerciales de los que México es parte, así como el artículo 134 de la Constitución Federal.
“Prevén como regla general el mecanismo de contratación basado en una competencia libre, abierta, transparente, imparcial, con criterios objetivos en la decisión de la adjudicación, que promueva un trato justo y equitativo a todos los proveedores potenciales, así como licitaciones que garanticen al estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad”.
Esto aunado a que “la ciudadanía no podrá evaluar dichas contrataciones públicas pues no les aplica ninguno de los mecanismos de control, desde la planeación hasta la evaluación, previstos en la ley”.
De acuerdo al análisis de dichos organismos, la ciudadanía “tampoco tendrá oportunidad de valorar, mediante una investigación de mercado realizada por la dependencia o entidad contratante, que la opción seleccionada a través del intermediario internacional, era la mejor opción disponible en comparación con las demás evaluadas”.
Ante los riesgos que esto implica, confiaron en que la oposición de partidos políticos y la inconformidad de diversos organismos derive en recursos jurídicos.
“Confiamos en que los legisladores que se opusieron a esta reforma, así como que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) presenten los recursos jurídicos conducentes para que el Poder Judicial enderece para la ciudadanía, la transparencia y competencia en las adjudicaciones de estas contrataciones pública”.
