Morelia, Michoacán.- En Michoacán se hace necesario establecer un procedimiento que de manera clara, lógica y sistematizada estructure las etapas procesales que den certeza jurídica a las sentencias para dirimir conflictos entre los municipios y el gobierno del estado, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el distrito de Zitácuaro presentó este jueves, ante el Pleno Legislativo la iniciativa de Ley para la Solución de Conflictos entre los Municipios y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo o entre aquellos por la Prestación de Servicios Públicos.
“Esta Ley busca abonar a generar un marco legal que garantice el principio de legalidad al darle facultades al Poder Judicial del Estado, para que resuelva los conflictos conforme a derecho, y con ello se garantice la calidad en la prestación de los servicios públicos en beneficio de la sociedad”.
En la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora recalcó que el régimen constitucional democrático que establece las bases del sistema federal, demanda normas claras que garanticen la gobernanza, la estabilidad política, el desarrollo, el crecimiento y la justicia social.
“En este sentido los diputados estamos llamados a generar resultados particulares y adecuados a cada circunstancia, tomando en cuenta las condiciones, necesidades y demandas del entorno”.
Gloria Tapia señaló que los gobiernos municipales para ser más eficientes en la prestación de los servicios públicos, muchas veces tienen que apoyarse con otros municipios o con el propio gobierno del estado para lograr ese fin, “pero también somos conscientes de que todas las relaciones contractuales, pueden llegar a generar diferencias que derivan en demandas que tienen que ser resueltas por autoridades competentes”.
“Esta iniciativa con proyecto de decreto es fundamental, para que se expida la Ley para la solución de conflictos entre los municipios y el gobierno del estado, con lo que también se garantiza la prestación de servicios públicos”.
