Morelia, Michoacán.— El presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C. (FUCIDIM), Roberto Ramírez Delgado, advirtió que el Plan Michoacán debe reorientar sus prioridades y concentrarse de manera urgente en el fortalecimiento de la seguridad y la justicia, al señalar que actualmente 77 municipios no cuentan con ministerio público y cerca de 90 carecen de un juez, lo que genera un grave vacío institucional.
Tras un análisis realizado por mesas ciudadanas de seguridad, organismos empresariales y asociaciones civiles, Ramírez Delgado reconoció que el plan federal contempla 12 ejes de trabajo, sin embargo, subrayó que el tema que más exige la ciudadanía es el de seguridad.
“Está bien que el Plan Michoacán tenga 12 temas, pero el principal que la ciudadanía quiere que se resuelva de forma definitiva es el de seguridad y justicia. Ese debe ser el eje central”, expresó.
Señaló que una de las principales fallas es la debilidad de las policías municipales, al tratarse de las corporaciones que tienen mayor contacto directo con la población.
“Si no hay policías municipales suficientes, capacitados y con sueldos dignos, no vamos a poder avanzar. Son ellos los que están todos los días en las calles, no la Guardia Nacional ni la Guardia Civil”, sostuvo.
En materia de procuración de justicia, el dirigente de FUCIDIM alertó que el déficit de ministerios públicos provoca que, aun cuando se detenga a un presunto responsable, los procesos se compliquen por la falta de una autoridad cercana que pueda integrar la carpeta de investigación.
Explicó que en muchos casos, cuando se comete un delito en municipios sin ministerio público, se debe trasladar al detenido a otra demarcación, lo que retrasa la justicia y favorece la impunidad.
A esta problemática se suma la falta de jueces en la mayoría de los municipios, lo que, dijo, impide dar seguimiento legal a los casos.
En ese sentido, Ramírez Delgado hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a abrir espacios de diálogo con la sociedad civil para revisar posibles ajustes al plan, incluso en el ámbito legislativo.
“Hay que sentarnos a dialogar para buscar la mejor decisión en materia de seguridad y justicia. Si estamos equivocados, que nos lo digan, pero también debe haber apertura de las autoridades”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la llegada del Plan Michoacán responde a hechos graves como los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo, en Apatzingán, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que insistió en que no se debe perder el foco del origen del problema: la violencia y la impunidad.
