El Plan de Justicia Purépecha, que recién expuso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo generó críticas por parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que denunció que el proyecto carece tanto de un diagnóstico adecuado como de un presupuesto definido.
Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del CSIM, acusó que, además de la falta de recursos y planificación, el evento de presentación y la firma del documento han sido excluyentes. Según Guzmán, al menos 30 comunidades que forman parte del consejo no fueron invitadas, lo que evidencia una exclusión arbitraria de pueblos indígenas.
Señaló que, aunque el plan está dirigido específicamente al pueblo Purépecha, se ha dejado de lado a otras comunidades indígenas como los pueblos Matlazinca, Mazahua, Otomí, Nahua y afromexicano, lo que es una forma de discriminación por parte del Estado mexicano.
“Hemos decidido que en la próxima asamblea nos vamos a presentar todos con invitación o sin invitación, porque reitero, no invitaron a muchas comunidades y vamos a pedir que no se discrimine a ningún pueblo. Primero. Segundo, no queda específico cuánto presupuesto se va a destinar para este famoso plan de justicia. Nos dicen que hay 17 mil millones para 17 planes de justicia en toda la República, pero no han dicho cuántos toca para cada comunidad. Efectivamente, no hay un diagnóstico, no hay consulta, entonces es necesario ver. Y tercero, el gobierno federal, la Secretaría de Bienestar, nos engañó a nosotros y a todos”, comentó.
El vocero destacó que la falta de agua es uno de los problemas más graves en las comunidades, ya que muchas aún dependen de pozos artesanales y sistemas de captación rudimentarios.
Asimismo, subrayó que el gobierno federal no ha especificado cuánto presupuesto se destinará a este plan de justicia, lo que genera desconfianza entre las comunidades.
Además, el CSIM denunció que 73 comunidades fueron excluidas de un fondo denominado FAISPIAM, ya que el gobierno no ha publicado las comunidades que serán beneficiarias. Ante esta situación, las autoridades del consejo anunciaron que se movilizarán si no se publica la lista a tiempo, y exigieron que se respete el derecho de las comunidades a ser consultadas.
En cuanto a las propuestas del CSIM, Guzmán afirmó que la clave para un verdadero plan de justicia es la consulta libre, previa e informada a todas las comunidades indígenas, de acuerdo con los estándares internacionales. Asimismo, destacó la necesidad de invitar a todas las autoridades y de asegurar que las asambleas generales sean el espacio donde se definan las prioridades y necesidades de cada pueblo.
