Este 14 de enero se cumplieron 10 años de que el Gobierno de México tomara por asalto los poderes en Michoacán, declarara la guerra al crimen organizado y quitara al Gobernador de esa época, Fausto Vallejo Figueroa.
Ese día del 2014 es recordado por la designación de Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Paz y el Desarrollo Integral en Michoacán. Aún recuerdo aquella declaración que le hizo al periodista Roberto Zamarripa al subir al avión que lo traería a Michoacán, donde dijo que su papel sería como el de Pep Guardiola, el entonces director técnico del Barcelona.
Y usó esta analogía para explicarse: “Messi por sí mismo no te puede ganar un Mundial. Necesita un buen portero, buenos defensas, medios… y se necesita un buen director técnico que los haga jugar”.
- ¿Cuál es el papel del comisionado? ¿El de Messi o el de director técnico?
- El de Guardiola, yo diría.
Enseguida, abordó el avión tipo Falcon 20 de la Policía Federal que lo trasladaría a Morelia. Bajo el brazo llevaba un libro: “Otra manera de ganar”, la biografía del técnico que llevó a los azulgranas a conquistar 14 títulos y que, en ese 2014, dirigía al Bayern Munich.
En teoría, se trataba de un enviado del presidente priista Enrique Peña Nieto para articular los esfuerzos dirigidos a combatir al Cártel de Los Caballeros Templarios – antes Familia Michoacana -, y a contener el avance de los grupos de autodefensa que, en unos cuantos meses, habían tomado el control de la seguridad en 36 municipios del estado.
En teoría, Castillo Cervantes sería el eje que vincularía el trabajo de instituciones federales y estatales para apaciguar los ánimos enardecidos de pobladores que, cansados de los homicidios, secuestros, extorsiones y cobros de piso de la delincuencia, habían tomado la justicia en sus manos.
En teoría, Castillo venía de ser el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para convertirse en una especie de delegado federal cuya misión era recuperar la gobernabilidad en Michoacán, gravemente trastocada por el crimen.
Pero sólo en teoría porque, en la práctica, en los hechos, Alfredo Castillo Cervantes desplazó a los tres poderes constitucionalmente establecidos en el Estado. Los ninguneó y desbarató.
En los hechos, tomó el control del Gobierno estatal, del Congreso y del Poder Judicial, a los cuales sometió con la detención de políticos a los que exhibió, en videos y fotografías, sosteniendo reuniones o departiendo, algunos por voluntad y otros amenazados, con líderes de Los Caballeros Templarios.
Con su llegada, también fueron cesadas piezas claves en el gabinete estatal. Impuso a Martín Godoy como Procurador de Justicia y designó a Carlos Hugo Castellanos como Secretario de Seguridad Pública.
El poder que amasó le mereció el mote de “El Virrey”.
Destituyó técnicamente al Gobernador Fausto Vallejo y en su lugar ordenó que el Congreso nombrara a Salvador Jara Guerrero, quien, sin experiencia política, fue gobernador hasta que se convocó a nuevas elecciones en 2015. Vallejo argumentó problemas de salud para transitar hacia la salida.
Al final del día, esa intervención federal llevó a varios poderosos y mandos policíacos a la cárcel, y descabezó al cártel que había tomado el control del territorio estatal. Nazario Moreno, su máximo líder y fundador, fue abatido por militares en la sierra de Tepalcatepec, a donde había escapado para ocultarse.
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fue capturado en una casa de seguridad en la Tenencia Morelos, en Morelia, y a la fecha continúa en prisión, por citar solamente a dos de los objetivos prioritarios de aquella intervención federal.
Ha pasado una década y vale la pena preguntarse si funcionó o no aquel golpe de Estado técnico. La presencia de grupos criminales que hoy dan muestra de su capacidad de fuego con el uso de minas terrestres y explosivos manipulados con drones, podrían ser la respuesta.
Cintillo
Un informe de Artículo 19 situó a Veracruz, Guerrero Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca, como los estados más riesgosos para ejercer el periodismo por la cantidad de comunicadores o periodistas asesinados en el periodo 2000-2024. Esas cinco entidades sumaron 93 de las 168 víctimas mortales de ese casi cuarto de siglo.
