Mandar al diablo a las instituciones le costó a López Obrador la derrota en las elecciones presidenciales del 2006. La oposición lo dibujó como bravucón, irracional y fuera de sí. Lo proyectaron como un peligro para México. La holgada ventaja con la que llegó a aquella campaña se estrechó y, el día de la votación, sucumbió ante Felipe Calderón en un cierre de fotografía.
Han pasado 16 años y el tabasqueño se aferra a ese desdén. Ya amalgamado en el poder como presidente, su desprecio por aquello que considera contrario a su ideario y visión se acentuó.
El desaire por la justicia la hizo sentir en su visita del pasado viernes y sábado a Michoacán, donde inauguró los campus de la Universidad del Bienestar en los municipios de Aporo y Chilchota. Fue la primera gira de Obrador, después de anunciar la marcha que encabezará personalmente el próximo día 27 para celebrar – él mismo lo ha dicho -, “el fin de la oligarquía, del clasismo, del racismo y de la discriminación”, que no contramarcha o venganza – también lo ha dicho él – por el tsunami humano que salió a las calles el pasado día 13 para protestar contra su reforma electoral.
En el marco de esa visita a Michoacán, el presidente le pidió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, públicamente, intervenir para revisar el proceso jurídico que se sigue por la detención de tres estudiantes normalistas que fueron detenidos por su presunta participación en el bloqueo de carreteras y la quema de vehículos.
Así lo dijo:
“Nosotros no somos represores. Le voy a pedir al gobernador de Michoacán; le estoy pidiendo a Alfredo, de que revise el asunto de los tres jóvenes o cuatro, o los que sean, que están detenidos para que se les libere”. Y los asistentes se lo aplaudieron. Hubo gritos de júbilo por la apelación presidencial para liberar a tres presuntos delincuentes.
A cambio, Obrador pidió a las mamás y abuelitas `jalarles las orejas´ a los normalistas para que cesen sus acciones criminales, esas que tanto daño le han hecho a Michoacán durante más de dos décadas, y que al sector empresarial le ha costado miles de millones de pesos en pérdidas por los bloqueos de caminos, secuestro de vehículos, robo de mercancías y quema de unidades.
El desaliento de inversionistas ha sido tal, que el sector del autotransporte ha optado por, mejor, prestar autobuses a los normalistas con tal de evitar que estos sean vandalizados o incendiados y, después, sus dueños quedar atrapados en la maraña de las carpetas de investigación y de la impunidad.
Al presidente se le olvidó, o no le interesó, que el caso de los normalistas detenidos está en la cancha del Poder Judicial, el cual, en la teoría, goza de autonomía e independencia de los otros poderes. Tampoco recordó – o no lo quizo hacer -, que la instancia investigadora es la Fiscalía General del Estado, la cual también es, al menos en el papel, ajena al ánimo, humor o sentimiento de los gobernantes.
Sería una tragedia para la entidad que jueces y fiscales dieran una señal de obediencia y sumisión ante la orden girada, así se trate del presidente.
Bedolla parece tenerlo claro. Sin conflictuarse con Obrador, tras la gira presidencial mantuvo la postura que ha venido fijando ante el conflicto magisterial y el movimiento estudiantil. Se desmarcó de una decisión que debe recaer solo en el Poder Judicial y cerró, además, la posibilidad de que, como ocurría en el pasado, el gobierno sea el que termine pagando los daños causados por los normalistas, y hasta sus fianzas para obtener la libertad.
Y es que, atacar ese cáncer que se dejó avanzar y crecer en la entidad, pasa ineludiblemente por la aduana de la aplicación de la ley. Mandar al diablo a las instituciones sería un grave peligro para Michoacán.
Cintillo
Han pasado 13 años desde aquella redada histórica del 2009, donde varios alcaldes, mandos policiacos, un juez y hasta un procurador, fueron detenidos en Michoacán por presuntos nexos con la delincuencia. Hoy comienzan a conocerse los montos que pagaron algunos de ellos para recibir trato de huéspedes en suite, en el penal de Mil Cumbres.
