La violencia contra mujeres y niñas continúa como una realidad frecuente en comunidades indígenas de Michoacán, donde factores como los usos y costumbres, la pobreza y el miedo a denunciar siguen inhibiendo el acceso a la justicia, señaló la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández.
En entrevista, la legisladora reconoció que, pese a los esfuerzos institucionales, muchas mujeres optan por guardar silencio ante agresiones que van desde la violencia familiar hasta la violencia sexual, debido al estigma social y a la falta de atención por parte de las autoridades. “Todavía por usos y costumbres las mujeres nos quedamos calladas cuando se sufre violencia”, expresó.
Isauro Hernández indicó que en municipios como Paracho y Cherán persiste el temor de acudir a denunciar, ya que en algunos casos las denuncias no son recibidas o no se les da seguimiento, situación que desalienta a las víctimas a iniciar procesos legales.
También hizo referencia a la persistencia de embarazos adolescentes, algunos de ellos derivados de agresiones sexuales, particularmente en comunidades con altos índices de marginación como Casimiro Leco, conocida como El Cerecito, donde se han identificado madres de entre 14 y 15 años de edad.
Señaló que existe el conocimiento de casos de abuso dentro del ámbito familiar, principalmente cometidos por hermanos, los cuales permanecen ocultos debido a la normalización de estas conductas y al temor de las víctimas a ser señaladas dentro de sus propias comunidades. “Nos hemos encontrado mujeres que han sufrido violación incluso por familiares y que no denuncian por miedo o por el estigma”, afirmó.
De acuerdo con la legisladora, aunque anteriormente algunas mujeres que denunciaban se veían obligadas a abandonar sus comunidades, actualmente muchas permanecen en ellas al no contar con redes de apoyo ni alternativas económicas.
Finalmente, consideró necesario fortalecer las acciones de información y prevención directamente en las comunidades indígenas y estimó que, en promedio, tres de cada diez hogares enfrentan algún tipo de violencia, lo que evidencia la necesidad de atención focalizada en territorio.
