Los cuerpos de los menores fueron localizados el pasado 17 de junio en la habitación 133 del Hotel Campestre Torreblanca, ubicado en avenida Periodismo de Morelia; ambos estaban sobre una cama matrimonial, en posición cúbito dorsal y cubiertos por sábanas blancas.
Solo la niña de 10 años tenía algunas escoriaciones y moretones en el cuerpo; de acuerdo a los periciales y la necropsia, ni ella ni el niño de 12 años tenían huellas de lucha o forcejeo en sus prendas de vestir; ambos murieron por asfixia mecánica.
Habían llegado a ese lugar junto con su madre Ana Cristian N., entre las 5:00 y las 5:30 horas del 13 de junio; solo se les vio ese día en la alberca y al otro hasta cerca de las 18:00 horas; la mujer abandonó sola el sitio y liquidó la cuenta cerca de las 14:20 horas del día 16, había pedido que no se hiciera el aseo de la habitación.
“Pagó 2 mil 500 pesos en efectivo, porque no pudo hacer la transacción”, se relató en la audiencia.
Un taxi de la línea “Ejecutivo” la llevó al hotel “Pie de la Sierra”, mientras que el 17 por la mañana, personal del “Torreblanca” abrió la habitación para hacer el aseo y encontró a los menores en avanzado estado de descomposición.
Un día después, Ana Cristian fue localizada en su habitación y llevada para recibir atención médica al Hospital General, ya que se encontraba como “extraviada”.
La mujer se sometió este martes a la segunda audiencia ante el juez de oralidad, Cristóbal Luviano Tena, quien la vinculó a proceso por el delito de Homicidio en Razón de Parentesco, tras señalar que los testimonios, pruebas y elementos que acreditó la Fiscalía General de estado no dejaron duda de que la mujer arrebató la vida a sus hijos; otorgó 4 meses para la investigación complementaria y decretó que continuará en prisión preventiva oficiosa.
Al hacer la imputación, los representantes de la Fiscalía descartaron que exista alguna causa excluyente para la madre; precisaron que estaba en capacidad de entender lo que hacía y tenía plena claridad de tiempo y espacio.
Se refirieron entre las pruebas a una conversación que sostuvo Ana Cristian con una de sus hermanas, a la que pidió que acudiera al hotel donde encontraría a los niños sin vida, que “no los quería dejar en un hipócrita”, que había buscado “darles una muerte hermosa”.
Dos hermanas y su papá habían acudido a buscarla a ese mismo lugar al menos dos días antes de que lo abandonara, ya que el niño había mandado un mensaje a su abuelita y le había señalado donde estaban, pero en el hotel se negaron a dar información “por políticas de empresa y evitar una extorsión”.
Al referirse al hecho, uno de los Ministerios Públicos incluso se refirió a los menores por su nombre, lo que está prohibido de acuerdo a su condición legal, y señaló que la madre había roto el vínculo de confianza de una madre, “el instinto maternal es proteger”, afirmó.
De acuerdo a la Fiscalía, “todo fue planeado” para quitarle la vida a los menores, ya que no hubo ningún intento de auxiliarlos o pedir ayuda; también se descartó que los niños hubieran ingerido algún estupefaciente o químico, ya que en su organismo no se encontraron rastros de ninguna droga.
Inicialmente, se dijo, la mujer había señalado que estaba deprimida, ya que su esposo falleció desde octubre del 2023, por lo que había puesto un medicamento en refresco y luego ingresó al baño; aseguró que cuando salió los niños ya habían ingerido la bebida y no pudo hacer nada para que vomitaran; no obstante, el juez aclaró que no existían elementos para acreditar esta aseveración.
Se decretó al menos un receso de 10 minutos durante la audiencia, ya que las lágrimas invadieron tanto a la madre como a la abuelita de los menores, quienes tuvieron que abandonar la sala y tranquilizarse.
Ana Cristian se defendió con 3 abogados particulares, quienes no argumentaron nada a la imputación de la Fiscalía, señalaron que “no había elementos para rebatir los 40 datos de prueba presentados.”
Sin embargo, advirtieron que promoverán amparo ante la negativa del juez de abrir a debate la pertinencia de dictar la prisión preventiva oficiosa, al señalar que es inconstitucional y se derogará en poco tiempo.
Los abogados solicitaron se realice una valoración psiquiátrica de su cliente, al argumentar que podría sufrir “trastorno de personalidad” y estar en un “episodio sicótico” al momento de cometer el crimen.
Pese a la inconformidad de la Fiscalía, el juez concedió la petición y anunció que el Hospital Psiquiátrico será el responsable de realizar la valoración.
Finalmente, el juez fijó la próxima fecha de audiencia para el 23 de noviembre de este año.
