En septiembre del 2018, apenas unos días después del arranque de la Septuagésima Cuarta Legislatura de Michoacán, los diputados locales recibieron los resultados de la Auditoría Forense que realizó la empresa PFK a la Cuenta Cargos por Aplicar, un registro contable creado durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel para registrar los ingresos de los créditos de corto y largo plazo, contratados entre 2003 y 2014.
Por orden de gestión, los gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reya García y Salvador Jara Guerrero, solicitaron y tuvieron el aval de las diferentes legislaturas para contratar 23 mil 983 millones de pesos en créditos, que fueron ejercidos sin control contable o financiero alguno.
Los movimientos entre partidas presupuestales tenían tal desorden en Michoacán que el Estado de Resultados correspondiente a 2014, dio como resultado movimientos contables equivalentes a casi 1 billón de pesos, cuando el presupuesto anual apenas superaba los 50 mil millones.
Tras algunos intentos infructuosos de conocer qué había pasado con los recursos depositados en la denominada “licuadora financiera”, la anterior Legislatura local avaló la propuesta de la diputada del PRI, Yarabí Ávila González y aprobó la realización de la Auditoría Forense, que tras una serie de dudas quedó en manos de la empresa PFK, que finalmente se limitó a llevar a cabo una revisión contable.
Pese a las limitaciones de la empresa, que aseguró que con 13 personas había revisado millones de documentos, PKF detectó irregularidades por 89 mil 348 millones de pesos por ajustes contables sin documentación, fuera de la ley, en conceptos que no correspondían o en partidas presupuestales diferentes a las que debían encontrarse.
El trabajo realizado por la financiera, permitió además conocer que recursos de la bursatilización del Impuesto a la Nómina, que hipotecó al estado desde la contratación del crédito, fueron destinados a obras o proyectos que podían esperar a la disponibilidad presupuestal.
Para muestra algunos botones:
Se destinaron 60 millones de pesos al Teatro Matamoros y 334 millones a la construcción de la Presa Francisco J. Múgica
28 millones 430 mil pesos para el edificio del archivo del Poder Judicial y 16 millones 500 mil pesos para espacios del Poder Legislativo.
1 millón de pesos para la construcción de la barda perimetral del panteón de Lagunillas.
10 millones para la provisión, instalación y operación de los semáforos inteligentes en Morelia.
4 millones 045 mil pesos para taquillas, vestidores y oficinas en el Estadio Morelos;
1 millón 034 mil pesos para el mejoramiento de la imagen urbana del Jardín de San José aquí en Morelia.
PFK amplió su trabajo de revisión a créditos anteriores y detectó, por ejemplo, que del crédito contratado con banco del Bajío en 2011 por mil 285 millones de pesos, se destinó 1 millón 231 mil pesos a la presentación del cantante Manuel Mijares en la Expoferia en mayo de ese año, lo cual resulta incomprensible.
Pese a que PFK reportó una serie de presuntas violaciones a la Constitución y a las Leyes Estatales que cometieron los gobiernos solicitantes de los créditos y los diputados que los avalaron, hasta el momento ni legisladores o autoridades estatales han mostrado disposición para dar seguimiento al proceso y sancionar a quienes resulten responsables de esa serie de presuntas irregularidades.
El ex auditor José Luis López Salgado, señaló que la cuenta Cargos por Aplicar no representaba una violación a la norma sino un registro atípico de la deuda, mientras el secretario de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín argumentó que los resultados no podían ser vinculantes, ya que la dependencia a su cargo no participó en el proceso de licitación y contratación de la empresa que la realizó.
Afortunadamente, aún queda una luz en el túnel y no está descartado el seguimiento del tema y una acción legal en consecuencia. El actual auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, afirmó que la legislación vigente señala un periodo de 5 años para dar seguimiento a los resultados de la auditoría y a la fecha ha transcurrido un año y poco más de ocho meses.
El único inconveniente aquí es que los diputados deberán pedir al órgano fiscalizador dar seguimiento al tema, así que empiecen las apuestas…
¿usted qué opina querido lector?
