Desde el primero de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fijó como el principal reto de su administración combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. El compromiso oficial lanzado desde la máxima tribuna del país tras recibir la banda presidencial hizo aplaudir a una mayoría de legisladores y senadores de Morena reunidos en San Lázaro y, sin lugar a dudas, convenció a buena parte de los mexicanos, o por lo menos eso reflejaron las encuestas. El Financiero y Consulta Mitofsky coincidieron en que tras su primer mes de gestión la aceptación del tabasqueño se ubicó en 72%, cifras históricas para el país.
Y es que, cuando se habla de corrupción es traer a la conciencia uno de los problemas que mayores repercusiones tiene a nivel mundial, en todos los ámbitos.
De acuerdo a la “Anatomía de la Corrupción”, que hace una recopilación de todos los indicadores relacionados con esta práctica, el 14% del ingreso de los hogares en todo el mundo se destina a “pagos extraoficiales” relacionados con prácticas corruptas, mientras las empresas pierden hasta el 5% de sus ganancias a causa de los fraudes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en 2% del Producto Interno Bruto (PIB) el costo de la corrupción para México, a los que habría que añadir otros elementos que también son considerados como parte de la corrupción. Por ejemplo, la piratería deja ingresos por 43 mil millones de pesos y genera 480 mil empleos en un año.
Ante tal evidencia, el compromiso de López Obrador no resultaba nada sencillo, incuso sorprendió su declaración en la mañanera del 17 de septiembre del año pasado, en la que sacó por primera vez un pañuelo blanco y afirmó categórico que “en México ya no hay corrupción ni impunidad”.
Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental correspondiente al 2019, contradicen los señalamientos presidenciales, toda vez que durante el primer año de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, incrementó en 64.1% el pago por actos de corrupción, ya que al cierre del 2019, se pagaron 12 mil 769 millones de pesos para agilizar o lograr concretar pagos, trámites o solicitudes de servicio, a diferencia de los 7 mil 708 millones que los encuestados aceptaron en 2017.
En el país, 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o tuvo contacto con algún servidor público experimentó un acto de corrupción; en términos generales, se cometieron 15 mil 732 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
De hecho, el costo promedio de cada acto fue de 3 mil 822 pesos y los trámites que de manera más recurrente requieren “una mordida” o un aliciente para concretarse son el contacto con autoridades de seguridad pública, los trámites vehiculares, los trámites de seguridad pública, el pago de tenencia o impuesto vehicular y los trámites de registro civil.
De manera específica, los michoacanos pagan entre 2 mil 655 y 4 mil 332 pesos “extraoficiales” por un trámite, aunque la Encuesta reveló una disminución del 31.1% en la población que experimentó en la entidad algún acto de corrupción entre el estudio realizado en 2017 y el que se aplicó el año pasado. Hace 2 años, se refirió que se cometieron 14 mil 847 acciones corruptas por cada 100 mil habitantes y en 2019 sumaron 10 mil 231.
Sin embargo, los datos y compromisos oficiales contrastan con la realidad, ya que luego de 1 año 5 meses y 22 días de la administración morenista, sólo hay 5 ex funcionarios sujetos a investigación y ninguno con una sanción ejemplar:
El ex director de Petróleos Méxicanos, Emilio Lozoya, por la compra de una empresa de fertilizantes que presenta irregularidades.
La ex titular de SEDESOL y SEDATU, Rosario Robles Berlanga por presuntos delitos contra la administración pública y el uso indebido de recursos, además de que se le relaciona con La Estafa Maestra.
El dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por un supuesto acto de corrupción vinculado a Odebrecht y la venta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013,
El ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por corrupción, fraude, lavado de dinero e incluso por huachicoleo.
El ex secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, acusado de narcotráfico y colaboración con el Cartel de Sinaloa durante al menos los últimos 19 años.
Los datos no mienten: la corrupción ha incrementado durante el gobierno Lópezobradorista, sin que hasta el momento haya un castigo ejemplar “desde arriba y hasta abajo”.
¿Usted qué opina querido lector?
