Con una carga de 250 expedientes por abogado y tras el recorte de 8 millones de pesos que aplicó el gobierno estatal en el presupuesto de 60 millones que propuso para el 2023, el comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), Josué Mejía Pineda solicitó a los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de Michoacán le asignen 10 millones de pesos adicionales para 2023 a fin de ampliar su capacidad de atención, ya que en la actualidad solo cuenta con 63 litigantes.
Señaló que lo ideal es que cada abogado atienda 55 expedientes, pero en el estado se quintuplica la carga de trabajo, mientras que este organismo tiene incrementos nimios a los recursos disponibles, a diferencia del resto de los poderes del Sistema de Justicia como el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, el Sistema Penitenciario o la Defensoría de Oficio, con lo que se convierten en el eslabón más débil.
“En los Poderes del Sistema de Justica, el eslabón más débil y el eslabón donde las víctimas tienen el último instrumento para acudir a recibir una atención del estado ha sido invisibilizado (…). Lo que queremos es que esta brecha presupuestal vaya disminuyendo y se le garantice el mismo monto a las víctimas que a los que han tenido delitos”
Mejía Pineda precisó que pese a tener la obligación de brindar atención psicológica, legal y garantizar la reparación del daño para las víctimas indirectas de un delito, para el 2023, el Ejecutivo contempló alrededor de 52 mdp en el proyecto de presupuesto 2023.
No obstante, agradeció considerar 3 millones de pesos adicionales como parte del FORTAPAZ para el cierre de año.
“Nosotros nos fuimos a 60 mdp, y el recorte lo hace la Secretaría de Finanzas hizo una propuesta distinta, creo que son 52.5, pero les quiero platicar de algo que nos ayudaron en ese gobierno, el gobernador, el secretario de Gobierno nos ayudaron a tener para el cierre 3 millones de pesos de FORTAPAZ y 3 DE FASS, entonces al margen de lo que se apruebe aquí, ellos su intención es presentar un proyecto que nos fortalezca más”.
Señaló que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía Estatal han destinado los recursos del Fondo de Ayuda para las Víctimas, al cual esta administración destinó 2 millones 900 mil pesos, cuando en ejercicios anteriores llegó a recibir únicamente 53 mil pesos.
Reprobó la falta de ese recurso, ya que ha impedido el pago de reparaciones integrales a víctimas, que tan solo en 2022 suman 341 asuntos, con posibilidad de repararse integralmente en beneficio de más de mil víctimas, pero se requerirían cerca de 25 millones de pesos.
