En la víspera de que se cumplan 8 años de la incursión policial que dejó al menos 5 personas muertas y 45 heridas en la comunidad de Arantepakua, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que sigue pendiente la disculpa pública que estableció en su recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el 2020 y reiteró su petición para que la FGR atraiga la investigación.
Aclaró que están en espera de que la propia comunidad establezca los términos, ya que su gobierno acatará esta disposición, luego de que el organismo determinó que se cometieron actos de tortura, abuso, detención arbitraria y retención ilegal durante el ingreso de la policía estatal el 5 de abril del 2017.
“Se está con la Comisión Estatal de Víctimas estableciendo los procedimientos, los mecanismos, porque debe ser en base a lo que establezca la propia comunidad, la Comisión Estatal de Derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de nuestra parte lo hemos dicho, pues hay una disculpa pública, no ocurrió en nuestro gobierno, nuestro mandato, nuestros hechos, pero pues sí representamos al Estado de Michoacán y tenemos que asumir también la responsabilidad”.
Ramírez Bedolla señaló que al igual que lo ha solicitado la propia comunidad, han solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga la indagatoria del caso, que en la actualidad es responsabilidad de la Fiscalía estatal (FGE).
“Lo que se está pidiendo es que se atraiga el caso por parte de la FGR, eso sería lo correcto, yo lo he dicho, lo he señalado, y es una exigencia también de la comunidad en la cual coincidimos, la comunidad de Arantepacu, a la comunidad afectada, y como titular del Poder Ejecutivo, como gobernador, también estoy en esa seguridad de que lo mejor sería que sea la FGR quien atraiga el caso.”
Finalmente, pidió que cualquier manifestación que se realice con motivo de esta conmemoración se haga de manera pacífica.
La incursión policial en Arantepakua.
De acuerdo al reporte de la CNDH, el 5 de abril del 2017 habitantes de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, denunciaron la incursión de policías estatales, cuando se llevaban a cabo las negociaciones para liberar a 38 detenidos que transitaban a bordo de un autobús con reporte de robo.
Sin embargo, los elementos policiales arremetieron en contra de los pobladores de esta comunidad lo que derivó en un enfrentamiento, que provocó la muerte de 5 personas, 4 comuneros y 1 policía estatal, además de alrededor de 45 heridos, entre ellos 37 civiles y 8 oficiales.
Tras resolver la queja, la CNDH emitió una serie de recomendaciones, al gobernador de Michoacán, representado en 2020 por Silvano Aureoles Conejo y a la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Adrián López Solís:
Reparar el daño e inscribir en el Registro Nacional a las Víctimas.
Realizar un proyecto de reparación del daño a nivel colectivo junto con la FGE y el ayuntamiento de Nahuatzen.
Ofrecer una disculpa pública institucional a las Víctimas y a sus familiares, por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, que debe llevarse en un acto de manera conjunta.
Deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan en contra de los servidores públicos involucrados por las violaciones a los derechos humanos cometidas.
En enero del 2021, el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, comprometió acatar la recomendación pero no lo hizo; en el caso de Alfredo Ramírez Bedolla, también ha asegurado que se cumplirá lo establecido.
