Es cierto que las crisis suelen ser oportunidades de cambiar para mejorar, pero también es cierto que no siempre se aprovechan tales oportunidades. A veces, el impacto de una crisis causa miedo paralizante u obstinación en el camino andado. La historia de México ofrece ejemplos de reacciones de uno y otro tipo. Veamos algunos episodios de crisis de las últimas décadas que abrieron oportunidades de cambio virtuoso.
En 1977, el gobierno de José López Portillo recibió un país con una economía muy deteriorada, una relación envenenada con los empresarios y unas organizaciones de izquierda sin cauces institucionales para hacer política. Aunque la Presidencia de entonces detentaba un poder suficiente para decidir por sí misma, López Portillo optó por la reconciliación con el sector empresarial y abrir el diálogo con la oposición para emprender una reforma política que permitió la representación plural en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la apuesta desmedida al auge petrolero, que sólo duró tres años, condujo a un final de sexenio económicamente desastroso, con una deuda externa exorbitante y una cauda de recesión e hiperinflación que casi ataron de manos al nuevo gobierno.
El presidente Miguel de la Madrid pasó cinco años tratando de reconstruir la economía, con poco éxito. Hasta que en diciembre de 1987 logró el Pacto de Solidaridad Económica, un compromiso entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para sanear las finanzas públicas, frenar el alza de precios en forma concertada, atenuar el desempleo y acelerar la apertura económica. La medicina contra la crisis tuvo algunos componentes amargos en lo inmediato, pero logró disminuir la inflación y heredar al nuevo gobierno una economía en vías de estabilización.
No obstante, los estragos sociales de la prolongada crisis económica cobrarían una factura al sistema político. Hubo en el PRI una escisión que dio lugar a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y, en 1988, a unas elecciones excepcionalmente competidas, cuyos resultados fueron alterados por la Secretaría de Gobernación -en ese entonces, cabeza de los órganos electorales- para asegurar la mayoría al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. La crisis de legitimidad de 1988 fue la más severa en medio siglo de hegemonía priista. El presidente Salinas buscó un acuerdo con la oposición y halló respuesta en el Partido Acción Nacional, con el que pactó un conjunto de reformas constitucionales y la creación de una nueva autoridad electoral, el Instituto Federal Electoral, como organismo profesional, permanente y con autonomía técnica para conducir las elecciones. Ese no fue un pacto de amplio consenso, pero significó un cambio trascendental para la competencia política.
El año de 1994 empezó con una rebelión en Chiapas que, además de los costos humanos que acarreó la violencia, hizo más visibles la marginación y el olvido centenario de los pueblos indígenas de México. Después ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que cimbró a todo el sistema político y cubrió de zozobra al proceso electoral en curso. Ante una situación tan amenazante, el gobierno y los líderes de la oposición reconocieron la urgencia de dar a las elecciones un papel estabilizador y alejar los riesgos de violencia. Mediante una operación política inteligente y rápida, gobierno y oposición pactaron una reforma para nombrar por consenso a seis Consejeros Ciudadanos para encabezar al IFE y conducir el proceso electoral. Vale la pena mencionar a quienes fueron nombrados: José Woldenberg, José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, Santiago Creel, Fernando Zertuche y Ricardo Pozas Horcasitas. Todos con integridad ética y cuatro con trayectoria en la oposición. Las elecciones de 1994 transcurrieron en paz, con amplia participación ciudadana y resultados aceptados por todos.
Los años 1995 y 1996 fueron muy amargos por la crisis financiera que estalló apenas comenzado el sexenio de Ernesto Zedillo. El presidente reconoció la necesidad de una reforma electoral a fondo y convocó a la oposición a un nuevo pacto político. De este pacto resultó la autonomía plena del IFE, el nombramiento por consenso de consejeros electorales, la creación de un nuevo Tribunal Electoral y otros importantes cambios en las reglas para hacer más equitativa la contienda. Resultados de esa gran reforma: triunfos de la oposición y normalización democrática.
En casi un siglo, México no había sufrido una crisis económica y de salud pública como la de estos días. Se auguran tiempos muy duros y cargados de riesgos. ¿No es precisamente esta crisis una coyuntura propicia para que el gobierno convoque a un nuevo gran pacto económico y social, para enfrentar juntos la pandemia y emprender la reconstrucción económica?
