Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ordenó a la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral 2023-2024, o en su caso, a la Mesa de Seguridad, que en su próxima reunión, autoricen la protección de seguridad para el candidato del PAN y PRD a la alcaldía de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, y que esté a cargo de la Policía Morelia.
A 45 días de que el PRD solicitó al IEM autorizara la protección a fin de que no fuera considerado parte de los gastos de campaña, el órgano jurisdiccional determinó que ante las condiciones de inseguridad del estado y la inacción de las autoridades responsables consideró necesario “de forma excepcional y especial” pronunciarse “en plenitud de jurisdicción” sobre los planteamientos hechos.
En el resolutivo a cargo de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa se explica que la petición se hizo desde el 31 de marzo, 1 y 5 de abril, pero el IEM la turnó a la Secretaría de Gobierno y a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Seguridad Pública.
En respuesta, la dependencia estatal determinó que tendría que debía presentar una denuncia ante la Fiscalía General del estado, como requisito para otorgar la medida de protección al candidato, lo que fue impugnado por el PRD ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó autorizar las medidas pero pidió a las autoridades electorales pronunciarse.
Al atender el caso, el IEM señaló que efectivamente, la petición debía presentarse ante la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento del Proceso Electoral a fin de que no fueran contabilizados los gastos dentro de los topes de campaña.
Sin embargo, el TEEM revocó ese oficio de respuesta, al señalar que “el consejo general del IEM, cómo máximo órgano colegiado, es quien cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre los planteamientos que formuló el PRD”.
De igual forma, respondió al PRD que los gastos que se generen por las medidas de protección “no deben ser cuantificados al tope de gastos de campaña”.
De acuerdo a la magistrada Yolanda Camacho, “es imperativo tomar medidas proactivas para proteger a los candidatos y asegurar que el proceso se desarrolle en un ambiente de paz y legalidad, por lo que, dentro de las atribuciones de este órgano jurisdiccional, es posible privilegiar un estado equitativo para los actores políticos en donde todos los aspirantes puedan competir sin temor a represalias o intimidaciones. “
El magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, consideró necesario que el TEEM conozca los alcances que tiene el protocolo de seguridad que se aplica para los candidatos, al señalar que al momento no han sido notificados, por lo que anunció un voto concurrente.