El sistema anticorrupción michoacano lleva más de tres años y aún no ha logrado una buena faena. Parece que cada organismo va por su lado, poniéndose obstáculos unos a otros, como puede verse en el estancamiento del caso Odebrecht, que involucra a dos exgobernadores, uno de ellos actual Coordinador de Asesores del presidente.
Por Verónica García Magaña / Ethos Especiales
Morelia, Michoacán.– La presa Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica se inauguró el 7 de febrero de 2011. Bajo la premisa de lograr la “justicia social”, el entonces gobernador, Leonel Godoy Rangel, resaltó esta obra como un referente estatal que garantizaría el riego a los cultivos de los municipios de Múgica, Parácuaro y La Huacana.
En el evento, Godoy Rangel dijo que la presa obedeció a las primeras acciones del gobierno anterior, el de Lázaro Cárdenas Batel, para atender a los habitantes de Tierra Caliente. Por eso se encontraba ese día ahí el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, así como los alcaldes de dichas localidades; también estaba el responsable de la obra, Víctor Guerra Reyes.
Guerra Reyes permaneció en ambas administraciones mientras se terminaba la presa, cuyo costo ascendió a unos dos mil 600 millones de pesos, aunque todo cambiaría cuando se supo, en octubre de 2018, que la mano de la constructora brasileña Odebrecht –la cual alcanzó a diversos gobiernos latinoamericanos por sus pagos ilegales a altos funcionarios– había llegado hasta Michoacán.
Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, este servidor público recibió una transferencia de dinero de Klienfeld Services, detectada como una de las empresas offshore usadas por Odebrecht; más tarde, Guerra Reyes llevaría ese dinero a otra cuenta en Caixabank de Barcelona, España, la cual estaba a nombre de un pariente suyo.
Casi un año después de la publicación, se presentó el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para interponer una denuncia penal por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la cual sería desechada más tarde, aunque tras un estira y afloja del CPC ante el Poder Judicial local, se ordenó reabrir la investigación.
Este caso es el más importante en manos del SEA Michoacán, una instancia que coordina a varios actores estatales, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior, la Secretaría de Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial del Estado,el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos; y el Comité que es el ingrediente ciudadano.
El Sistema comenzó el 19 de julio de 2017 y los avances hasta el momento no parecen notorios.
Hasta ahora los resultados arrojan dos carpetas de investigación que derivaron en sentencias; una sanción a un exfuncionario de primer nivel por parte de la Contraloría; cero resoluciones del tribunal de Justicia Administrativa; y la auditoría tiene más de 3 mil expedientes prescritos.
Integrantes del SEA Michoacán consideraron que las instancias encargadas de evidenciar, sustanciar y resolver tienen expedientes con falta de sustento, poca capacitación en su personal, perfiles inadecuados en algunos puestos operativos y un andamiaje jurídico debilitado que no incorporó la transparencia obligatoria.
Odebrecht, la deuda del fiscal
A partir de que Alejandro Carillo Ochoa rindió protesta el pasado 28 de marzo de 2018 como fiscal anticorrupción del estado, ha rendido cuentas de los avances en dos informes presentados ante el Congreso estatal: el primero el 2 de julio de 2019 y el segundo el 17 de agosto de 2020. Sin embargo, no ha dado más detalles y tampoco atendió la reiterada solicitud de entrevista realizada para este reportaje.
Ante la imposibilidad de conversar con el funcionario, se realizó un recuento de los documentos entregados al Poder Legislativo. En el primer informe que comprende de abril de 2018 a marzo de 2019, se atendieron 456 denuncias, de las cuales se lograron integrar 39 carpetas de investigación, dos órdenes de aprehensión, así como dos averiguaciones previas que se encontraban en trámite por la Fiscalía anterior.
Entre los delitos denunciados estaban el peculado, el abuso de autoridad, el uso ilícito de facultades y la negación del servicio público (un delito que ocurre cuando los funcionarios evaden brindar atención a los ciudadanos).
Para el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020, correspondiente al segundo informe, se abrieron 76 carpetas de investigación, a las cuales se sumaron 38 pendientes, dando un total de 114 expedientes. De este total 9 fueron judicializadas y 20 se decretaron con el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, no se otorgan mayores detalles de los servidores públicos enjuiciados.
Entre esa veintena decretada con “no ejercicio de la acción penal” está el caso Odebrecht, denunciado por el CPC por enriquecimiento ilícito en agravio del Servicio Público y el gobierno del estado contra Víctor G., quien se desempeñó como gerente del Proyecto Hidroagrícola de Michoacán para la construcción de la Presa Francisco J. Múgica.
Dicha presa fue puesta en marcha durante las administraciones de los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. La obra se adjudicó en 2006 a la constructora Norberto Odebrecht S. A, relacionada –junto con varias empresas filiales– a hechos de corrupción y pagos de sobornos a funcionarios públicos de México y varios países de América Latina.
De acuerdo al expediente del caso, Víctor G. habría recibido varios sobornos en una cuenta del Principado de Andorra. Pero la Fiscalía no continuó penalmente porque argumentó a la prensa que el delito ya había prescrito y que el CPC no podía catalogarse como víctima u ofendida por los hechos; también que la Consejería Jurídica estatal no le entregó los elementos para la investigación.
Pero el pasado 28 de agosto de 2020, la jueza de Control y Enjuiciamiento, Amalia Herrera Arroyo, revocó el acuerdo de no ejercicio penal decretado por las omisiones de la Fiscalía.Y con ello obligó a que el proceso penal continúe.
“La obligación de investigar y esclarecer los hechos es de usted ministerio público, con independencia de la apatía, desinterés de las partes, no debe esperar a que la coadyuven, debe hacer los actos de investigación”, dijo la jueza de control durante la audiencia.
La representante del Poder Judicial coincidió con los criterios que expuso la presidenta del CPC, Elvia Higuera Pérez, quien señaló que existen documentos que acreditan que el exfuncionario recibió sobornos a través de instituciones financieras internacionales por 430 mil dólares, lo que se demostró a través de un aumento no justificado de su patrimonio.
El representante legal del gobierno del estado, Víctor Ernesto Cedeño Cervantes, se sumó al recurso legal del CPC y cuestionó a la Fiscalía Anticorrupción: “No hubo exhaustividad ni eficacia en la investigación”, señaló. Como se trataban de recursos federales que se aportaron a la obra –consideró Cedeño Cervantes– podría ser competencia de la Fiscalía General de la República. Incluso, está en posibilidad que se “integre al caso Lozoya”.
Cuando comparecieron ante el Ministerio Público –reclamó Marco Antonio Muñiz Tinoco, apoderado jurídico del Ejecutivo de Michoacán– se les puso a la vista el expediente de 150 hojas con el fin de ratificarse. Pero al no proporcionarse información, sumado al contexto de pandemia –dijo– se decretó “el no ejercicio de la acción penal”.
La agente del Ministerio Público Especializada Anticorrupción, Marcia Cervantes Velázquez, aludió que se realizó un trabajo riguroso y objetivo sin ningún interés personal, y ratificó que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de enriquecimiento ilícito prescribió. Vía remota aseguró que el CPC y la Consejería Jurídica no aportaron más elementos a la investigación.
Si la Fiscalía hubiera cumplido con su trabajo de investigación –aseguró la jueza– se habría percatado de que las conductas denunciadas configuran un “delito continuado” y, en consecuencia, no ha prescrito.
Higuera Pérez señaló lo anterior como omisiones legales, pues alegó que en otras fiscalías estatales se integran las carpetas de investigación, mientras que en Michoacán se busca que la persona afectada sea quien presente la denuncia. Esto representa una desventaja –mencionó– pues ninguna entidad contempla mecanismos de protección para los ciudadanos, lo que inhibe la denuncia.
La representante del CPC pone como ejemplo el caso de un funcionario estatal que presentó una denuncia por presunta extorsión contra un secretario. En esa ocasión la Fiscalía desestimó la denuncia pese a que se presentaron grabaciones. “El criterio de la fiscalía es que no procedía, porque las pruebas se habían obtenido de manera ilícita”, dice.
Contra la pared
La Auditoría Superior de Michoacán arrastra un problema aparte, pues el 80% del equipo de auditores son designados por los diputados locales, quienes a su vez acomodan a sus asesores, familiares y recomendados, sin que reúnan el perfil o cumplan los requisitos que establece la legislación vigente.
Por esa razón, un número no cuantificado de casos se perdieron en los tribunales, a decir del titular de la dependencia, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, designado en diciembre de 2019 por el Congreso. El auditor apuntó que desde su llegada se encontró con al menos 3 mil 300 expedientes prescritos.
“Si yo te notifico, se termina la prescripción, pero la ley a nosotros ya se nos caducó (…) O sea, puedo señalar, pero ya no tengo facultades para sancionar; y también hay casos que por la vía penal también ya se encuentran prescritos, que no se puso la denuncia en un tiempo considerable, como el caso de la (presa) J. Múgica, que por mucho que lo quisieron empujar, ya también la Fiscalía dijo: ‘ya se encuentra prescrito’”, añadió sobre el caso Odebrecht.
Ante esta circunstancia, prepara la denuncia que interpondrá ante la Fiscalía Anticorrupción para deslindarse de cualquier responsabilidad por las omisiones cometidas antes de su nombramiento. Hasta el momento no ha presentado denuncias por hallazgos en el ejercicio presupuestal, administrativo y de desempeño a nivel estatal y municipal.
“Muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación y motivación, hemos estado platicando con el Tribunal (de Justicia Administrativa) y el 95% de los casos los perdemos por falta de fundamentación y motivación”, refiere el auditor, sobre la herencia de la administración pasada en cuanto a las deficiencias en el trabajo, la falta de capacitación del personal y a perfiles inadecuados; por ejemplo, pasantes sin facultades legales.
“En el área de notificaciones tengo una licenciada en publicidad o periodismo, la cual por ley debe ser una licenciada en derecho, titulada, entonces si se han firmado notificaciones sin tener el perfil vamos a tener que actuar, porque se cae el proceso y si un proceso se cae por eso, vamos a poner la denuncia”, acusó el auditor.
Para Aguirre Abellaneda, otro problema es la falta de actualización por parte de los auditores de campo y la ausencia de coordinación entre las auditorías especiales Municipal, Estatal y Especial de Normatividad. “Los criterios deben ser uno solo y cada quien tenía su criterio, desde el momento de fundamentar hasta el momento de encontrar el hallazgo, eso dividió e hizo que la auditoría estuviera dividida en partes”, señala. Si cada auditor sigue su método –abonó– se entorpece el proceso.
Contraloría y Tribunal
Miguel López Miranda es el único servidor público sancionado por una denuncia de la Secretaría de la Contraloría estatal, tras desempeñarse como secretario de Finanzas de la administración encabezada por Salvador Jara, entre junio del 2014 y septiembre del 2015.
El Poder Judicial Federal resolvió la inhabilitación contra el exfuncionario por 8 años para ocupar cargos públicos y el resarcimiento de 572 millones de pesos. De acuerdo con el portal de la Contraloría del estado, el daño generado al erario se dio tras la venta de terrenos propiedad del Instituto de Vivienda, sin avalúo y sin que existiera autorización de la Junta de Gobierno.
Adicionalmente, la dependencia reportó otras siete inhabilitaciones, pero sólo tres casos por negligencia administrativa.
“El Sistema Estatal Anticorrupción ha tenido pocos dientes para poder actuar en consecuencia”, expresó el contralor estatal, Francisco Huergo Maurín, pues se perdió año y medio tan sólo en su arranque, mientras que la política nacional parecía ir en otro sentido.
“La sociedad esperaría que los gobernadores fueran castigados, los exgobernadores, pero los gobernadores difícilmente firman documentos, quienes firman los documentos son los secretarios y los directores, que son los que ejecutan el gasto, y ahí es donde recae la responsabilidad”, señaló Huergo Maurín.
Por otra parte, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y titular de una de las dos salas Anticorrupción, Sergio Mecino Morales, aclaró que el trabajo de este organismo se limita a los expedientes que remiten la Auditoría Superior, la Secretaría de la Contraloría y las contralorías municipales.
A más de dos años de la instalación de estas salas, han recibido un total de 32 asuntos de presuntas responsabilidades administrativas, todos enviados por los ayuntamientos. Las declaraciones del presidente del Tribunal en contraste con lo argumentado por el auditor no coinciden, pues por un lado se mencionan casos prescritos en materia administrativa y, por el otro, se matiza que no hay recepción de estos hasta el momento.
“En general hemos recibido o atendido y todavía se atienden aproximadamente 32 asuntos que tienen que ver con responsabilidades administrativas que se tienen que sustanciar de acuerdo a la reforma de julio del 2017, que se han recepcionado en las salas especializadas. Vienen de municipios, de la Auditoría y de la Contraloría con esa nueva reforma, el Tribunal no ha recibido un solo expediente para resolución”, dijo Mecino Morales.
Mientras un Comité de Participación Ciudadana y un Poder Judicial batallan contra la Fiscalía Anticorrupción en un caso de dimensión transnacional, la auditoría responsabiliza a la anterior administración y el Tribunal celebra los avances sin cifras que lo avalen. En el SEA Michoacán cada quien tiene una versión distinta, y ninguna parece encaminarse hacia una coordinación, el objetivo principal de esta instancia.
