Fue en el año 2018 cuando las Constituyentes de la Ciudad de México, colectiva que propone incidir de manera efectiva en el proceso de armonización del marco jurídico con perspectiva de género, presentaran la propuesta Legislativa denominada 3 de 3 contra la violencia de género. Iniciativa que fue arropada por distintas mujeres legisladoras de distintas expresiones políticas, hoy esa propuesta recobra mas fuerza, al pretender que sean parte de los lineamientos electorales para la jornada de este 2021.
Esta iniciativa ve la luz en un momento histórico y oportuno, para garantizar que la función pública y política se ejerza desde una real perspectiva de género. A decir de una de sus proponentes Yndira Sandoval, lo que se pretende es que no haya ningún agresor, ningún acosador, ningún deudor de pensión alimenticia en los espacios de elección, de designaciones, de estructura ni en las convocatorias de espacios de tomas de decisiones”.
Avances en el camino para la participación política en condiciones de paridad y libre de violencia han sido logrados, muchos años tuvieron que pasar para que las mujeres pudieran por fin, contender en el año 2021 bajo los principios de paridad y con la certeza de la existencia de la sanción al delito de violencia política.
La iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género sin lugar a duda complementa esos esfuerzos legislativos.
Tanto la paridad como la sanción a la violencia política se circunscriben en el ámbito público y político, pero a diferencia de estas realidades la propuesta 3 de 3 tiene la intensión de visibilizar otras tres realidades que se viven en el ámbito privado, y que en muchas ocasiones son cometidas por hombres que ocupan el espacio público y político.
La innegable existencia de la violencia ejercida contra las mujeres, la ausencia de compromiso de algunos hombres en las responsabilidades respecto a la obligación de brindar alimentos y por último la lamentable realidad de acoso sexual que se vive por miles de mujeres en sus hogares y en sus espacios laborales son la génesis de esta importante propuesta.
Solo basta hacer una revisión de la realidad en estas violencias, a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, señalando que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, mientras casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Por su parte la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)[1] 2016[2], señala que de las mujeres de 15 años y más 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor, el 49.0% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34.0% violencia física, 29.0% violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo.
Ahora bien, respecto a la obligación alimentaria por parte de los padres respecto a sus hijas e hijos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, así como que el 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de falsedades que los deudores alimentarios (en la mayoría de los casos hombres) que implementan para evadir su responsabilidad. [3]
Todas estas realidades son cuestionadas en la propuesta de 3 de 3 donde se señala que a fin de garantizar que el ejercicio de la función publica se realice con una conciencia de genero real y atendiendo a las obligaciones que se esperan para todos los funcionarios públicos, se pretende limitar el acceso a dicho ejercicio de la función pública a todas aquellas personas que sean deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores en el ámbito familiar.
Esta propuesta se espera se discuta en esta semana en el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se discutirá y, según el caso, aprobará la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género, lo que garantizará que dicha propuesta acompañe a la reforma en materia de paridad y sanción a la violencia política en las próximas elecciones, lo anterior a fin de que se establezca un filtro en el ejercicio de la función pública, ya sea por elección, por designación, o por concurso, para aquellos hombres que ejerzan violencia contra las mujeres, sean acosadores sexuales o sean deudores alimentarios, en el entendido de que las acciones personales de esta naturaleza, sin lugar a dudas serán el reflejo de su conducta en el ejercicio del funcionariado.
Estaremos atentas a esta necesaria e importante resolución.
[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
[2] La ENDIREH mide la dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en la escuela, el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia.
[3] https://misabogados.com.mx/blog/incumplimiento-de-pension-alimenticia/
