Un hombre no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo devora.
–Montesquieu–
Ser la potencia número uno a nivel mundial en producción de aguacate, una de las frutas más apreciadas por su alto contenido nutricional y su excepcional sabor, supondría una vigorosa palanca de desarrollo para el estado de Michoacán. Pero, la derrama económica que representa no ha logrado incrementar los niveles de bienestar de la población en la misma proporción. Les invito, amables lectores, a que analicemos juntos el costo-beneficio de este cultivo.
México es el mayor productor de aguacate en el mundo, representando el 30% de la cosecha a nivel mundial. El principal consumidor de esta preciada fruta, es Estados Unidos, cuyo consumo equivale a 2.8 mil millones de dólares anuales. El 80% de estas importaciones provienen de Michoacán, es decir, cerca de 2.24 mil millones de dólares.
La producción de aguacate en Michoacán genera alrededor de 310,000 empleos directos y 78,000 indirectos, lo cual ha posibilitado frenar el fenómeno migratorio, estimándose 100,000 familias que han conservado su arraigo.
Así es como el aguacate se ha convertido en un pilar de la economía del estado. Sin embargo, esta gran productividad no se ve reflejada en la calidad de vida de la población por una parte. Por la otra, la factura la está pagando el ecosistema michoacano, comprometiendo el patrimonio de las generaciones futuras.
La gran mayoría de las y los trabajadores agrícolas reciben solo el salario mínimo por su labor, con un empleo que no es seguro, sino que depende de la demanda diaria de mano de obra. Menos del 10% están registrados en el seguro social y aún es común encontrar trabajo infantil en las huertas. Es decir, el trabajo precario sigue siendo el elemento clave para lograr esta gran productividad del campo.
Pero eso no es todo. La dedicación de las tierras al monocultivo conlleva impactos negativos tanto en lo social como en lo ambiental. Por un lado, el 52% del aguacate se exporta, lo que significa que menos de la mitad de la producción se dedica al consumo doméstico, provocando escasez y manteniendo un precio elevado de manera permanente a la población, de tal forma que hacen inaccesible el consumo de aguacate a una gran porción de los mexicanos.
Al dedicar tanta extensión territorial a este cultivo, se dejan de producir granos, verduras y frutas para el consumo local, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los connacionales y encareciendo, por ende, estos productos.
En lo ambiental, es bien conocido el efecto del monocultivo en la degradación de la calidad de la tierra. Si a eso le agregamos el uso de agroquímicos para aumentar la productividad del campo, el resultado es la insostenibilidad de los cultivos, pues el tiempo de regeneración de la tierra será mucho más largo que el tiempo en que es explotada.
Más aún, la producción de aguacates en el estado consume 9.5 millones de litros de agua diariamente. Cada aguacate se bebe más de 150 litros. Esta agua proviene del subsuelo, de ríos, cuencas y de la lluvia, pero nuevamente, se consume más de lo que se alcanza a reponer, sumando este otro factor a la sobreexplotación de los recursos naturales.
Pero el problema no termina ahí. La gran cantidad de flujo de efectivo que produce esta industria agrícola la hace atractiva para el crimen organizado, quien logra fondearse a través de la extorsión a los productores. Para ellos, esto resulta un impuesto no deseado e inevitable, que contribuye al fortalecimiento del narcotráfico y la terrible escalada de violencia que se vive en el estado.
La precarización del trabajo, la depredación del ecosistema y la creciente inseguridad, son los costos de un fruto no nativo. El crecimiento de importaciones, el freno a la migración por la generación de empleos y un fuerte aporte nutricional para quienes pueden consumirlo por su alto precio, son los beneficios.
La industria del aguacate es una de las muchas que crean valor, pero no para todos. Sin la inversión privada, el crecimiento del sector no hubiera sido posible. Sin embargo, el libre mercado no debería suponer una ausencia de regulaciones que garanticen que el beneficio no sea sólo económico y no sólo para unos cuantos, sino que beneficie a las comunidades con mejores condiciones laborales que les permitan un acceso a una vida digna y una recuperación del medio ambiente mediante el uso intensivo de prácticas de cultivo sustentables.
