“¿No crees que la igualdad, tal como la entienden, es sinónimo de injusticia?” San José María Escrivá de Balaguer
No hay nada más injusto que tratar igual a los que son desiguales. En muchas esferas ciudadanas, la igualdad inmediata tiene preeminencia sobre la justicia y el resultado es la ampliación de las brechas de desigualdad en el mediano horizonte. Por ejemplo, en días pasados, la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, Yarabí Ávila González anunció que Michoacán es el estado con mayor rezago educativo, abandono escolar y reprobación del país. Esta situación es producto de una lucha por la igualdad donde se olvida la justicia.
La organización magisterial del Estado se caracteriza por su permanente lucha por sus derechos, que se reparten de manera igualitaria entre todos sus agremiados y donde el único factor de diferenciación es la participación en marchas y eventos convocados por el gremio y la antigüedad -que únicamente depende de seguir vivo-. De ahí en adelante, los derechos de los maestros del sistema educativo público se ganan para todos, sin aplicar ningún tipo de criterio de resultados frente al aula. De hecho, ese fue el enojo del magisterio cuando se les pidió someterse a evaluación de su desempeño, reforma educativa que fue eliminada pues ganó más la supuesta igualdad de derechos que la necesidad de contar con maestros competentes que saquen al estado de su situación de rezago, lo cual es un acto de justicia para las generaciones más jóvenes. La argumentación de su exacerbada molestia es que se trataba de una reforma laboral sin impacto en la educación. Pues bien, una pésima gestión del personal docente, basada en igualdad de derechos y no en desarrollo educativo, es el principal motivo que desencadena los ínfimos niveles de aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Lo justo es que las poblaciones con mayor rezago educativo tengan los mejores maestros, más experimentados y con mayor vocación. Para lograrlo, es imprescindible incentivar a los mismos con prestaciones y bonos superiores para que permanezcan en esas comunidades. Sin embargo, el premio es trasladarlos a las ciudades, destinando a los maestros con menor experiencia a esas localidades.
En la consagración de la igualdad de oportunidades, hay una negación del sistema educativo oficial a evaluar y tomar decisiones sobre los resultados. Un par de ejemplos. El primero, la política de no reprobación de estudiantes para que sigan avanzando en sus estudios según su edad cronológica y no según sus necesidades de aprendizaje. Reprobar a un alumno no debe ser visto como un castigo, sino como el reconocimiento de sus necesidades particulares de aprendizaje, en tiempos, métodos y circunstancias sociofamiliares. Pasar a un alumno a un nivel superior al de sus capacidades presentes es destinarlo irremediablemente al fracaso escolar. Es un acto de injusticia.
Otro ejemplo. La resistencia a que los candidatos a ingresar a escuelas normales sean evaluados por una entidad externa e imparcial. La organización que coordina a los trabajadores de la educación está más preocupada por mantener el poder que le da el volumen y fidelidad de sus agremiados, que por tener a los mejores perfiles de estudiantes en las aulas para que se preparen para ser los futuros profesionales de la educación que saquen del vergonzoso rezago a nuestro estado, y que abran las posibilidades para que nuestras infancias tengan una mejor preparación que les permita acceder a una mejor calidad de vida. La condición de igualdad para ingresar a la normal reprime la justicia social de tener a los mejores educadores donde más se necesitan.
El combate a la desigualdad no es la igualdad para unos, sino la justicia para todos. Nunca el bien individual, aunque esté sindicalizado, debe estar por encima del bien común.
