“La apuesta por la transformación política encuentra a su mayor aliado en el campo de lo cultural. Si no se da la batalla en la cultura, se puede perder la batalla política”. Carlos Monsiváis
El resultado de las manifestaciones del 8M, debe ser la construcción de una agenda para la transformación cultural de México hacia la igualdad, la inclusión y la paz. Para que esta agenda sea efectiva, debe involucrar al gobierno y a la sociedad como un todo y contemplar acciones alineadas y contundentes en los tres niveles del cambio cultural: la infraestructura, la estructura y la superestructura.
La infraestructura con la que cuenta una población es un signo de su cultura y a la vez, un factor que la moldea poderosamente. Los espacios de una ciudad nos hablan de las cosas que son importantes para su comunidad. Por ejemplo, una ciudad con múltiples áreas deportivas en condiciones óptimas, invita a sus habitantes a un estilo de vida donde el ejercicio físico se privilegia. Un modelo de viviendas pequeñas, alejadas de la ciudad, hace que más que hogares, vivamos en dormitorios, donde el concepto de familia tiende a disolverse mientras que la visión utilitaria de las personas, donde el trabajo es lo que define la vida, se fortalece.
Una ciudad que apuesta a vías de comunicación, promueve la intercomunicación con otras poblaciones, impulsando el intercambio comercial. Lo mismo pasa respecto con las bibliotecas o los museos: hacerlos accesibles y atractivos para la población, genera un acercamiento al conocimiento y al arte, pilares innegables de la paz.
La infraestructura tiene este efecto transformador en los valores ciudadanos en el mediano y largo plazo, por lo que conviene convertirla en un eje de la agenda para una cultura incluyente y libre de violencia. Pero, en el corto plazo, los efectos de la infraestructura son igualmente contundentes en la prevención de la violencia. Así, resulta urgente la urbanización de ciudades y poblados, con calles, vialidades y medios de transporte seguros, que no tengan recovecos que sean ocasión de delincuencia. La iluminación, el acceso a comunicación, la vigilancia y contar con múltiples áreas públicas abiertas, son aspectos vitales para crear espacios seguros para todas y todos.
En el nivel estructural de la transformación de la cultura, es apremiante la revisión con perspectiva de género de las leyes que rigen nuestra vida común. Desde una impartición de justicia ágil, imparcial, no revictimizante y transparente para las víctimas de acoso sexual y feminicidio, hasta una ley federal del trabajo mucho más clara y contundente en relación a la igualdad de hombres y mujeres en el contexto laboral y que sea firme en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, acoso y hostigamiento en el lugar de trabajo, entre muchos otros aspectos. Lo que esperamos de los legisladores, tanto locales como federales, es que abran sus oficinas, pero sobre todo sus oídos, al diálogo con las agrupaciones que demandan condiciones de vida digna para las mujeres y que actúen reformando las leyes que regulan nuestra vida común para que sean justas e igualitarias.
En este mismo nivel, requerimos de una gestión pública que garantice la seguridad de las y los ciudadanos, profesionalizando a los guardianes del orden y manteniendo una cuadrilla de personal suficiente de acuerdo a las dimensiones y necesidades de cada población.
Por último, pero quizás más contundente, es encabezar esta agenda con la transformación social en el nivel de su superestructura. Es decir, en los valores y principios básicos que sostienen el orden social. En millones de hogares mexicanos, se preserva el machismo como el orden adecuado. No podemos hablar de igualdad y justicia, mientras se siga manteniendo a las mujeres en un estado de vulnerabilidad física, material, económica, psicológica y social y sigamos creyendo que eso es lo adecuado para lograr el bien común.
Como esta mentalidad viene desde la familia y se ha macerado por generaciones, es realmente iluso pensar que el cambio surgirá de manera espontánea desde ese mismo seno. Para remover el status quo, se requieren fuerzas externas que logren desnormalizar la sumisión, el abuso y la violencia. Es aquí donde la sociedad, como entidad mayor que contextualiza a la familia, requiere proteger a los grupos más vulnerables, en este caso, las mujeres, y actuar para sensibilizar, concientizar y enseñar nuevas formas de convivencia entre los géneros. El gobierno, como representante regulatorio de la sociedad, y los organismos no gubernamentales, como fuerzas de acción social, son quienes pueden emprender la cruzada para el cambio cultural del machismo a la equidad.
Se trata de un ejercicio de descongelar la creencia de que la desigualdad es aceptable para así poder aprehender en nuestra sociedad, valores como la igualdad, la justicia y la paz, y convertirlos en nuestra nueva normalidad.
Definitivamente, el corazón del problema de la violencia y desigualdad de género es la vivencia de valores, pero transformar valores requiere de mucho más que el discurso que clama que todos seamos “buenos”, o bien, echarle la culpa a los “malos”. Es un tema social, no individual, pues no se trata de anécdotas, sino de una cruda realidad en la que todos y todas estamos inmersos. Por ello, es urgente construir esta agenda pública abarcando todos los niveles de la transformación cultural: que parta de la conciencia y adquisición de valores sociales, pero que también ejecute acciones y cree un entorno seguro que proteja a todos y a todas y que permita el florecimiento de una nueva sociedad justa, igualitaria próspera, pero sobre todo, con paz.
