Tenemos un sistema que cada vez cobra más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar
– Milton Friedman
Para vivir en sociedad, los seres humanos cedemos parte de nuestra libertad a una autoridad cuya tarea es principalmente garantizar el orden social[1]. Y esta autoridad constituye todo un aparato gubernamental que es financiado por la ciudadanía, a través del pago de impuestos.
De hecho, para el año 2020 el presupuesto de egresos de la federación es de 6 billones de pesos, de los cuales, el 72% es gasto programable dividido en tres grandes rubros: gobierno (9%), desarrollo social (64%) y desarrollo económico (27%)[2].
De estos números podemos leer que la mayor parte de los impuestos que se recaudan en México – como en muchos otros países-, son una estrategia solidaria y subsidiaria para redistribuir la riqueza con la finalidad de acortar las brechas de desigualdad socioeconómicas, es decir, lo correspondiente a desarrollo social. Siendo así, esta estructura de gasto sería realmente digna de aplaudirse, salvo que ni los contribuyentes ni los beneficiarios son testigos de tan loables valores.
En nuestro México lindo y querido pagamos impuestos por ganar dinero y por gastarlo. Es decir, si somos asalariados, jamás veremos nuestros ingresos brutos en los bolsillos: en nuestra nómina primero será separado el dinero con el cual contribuimos al Estado y el sobrante nos será entregado. Una vez con el dinero en nuestras manos, empezaremos a hacer los gastos necesarios para vivir, y de cotidiano, en la mayor parte de lo que consumimos, estaremos pagando el 16% por concepto de impuesto al valor agregado, más otros impuestos que suceden en el camino, como el impuesto especial sobre productos y servicios (como la gasolina, bebidas alcohólicas, refrescos y alimentos de alto contenido calórico, entre muchos otros). Adicionalmente, si se posee un bien inmueble o un vehículo, también se causa un impuesto anual.
Los impuestos en México son progresivos, es decir, en este espíritu de ser subsidiarios con quienes ganan menos, si ganas más, pagas proporcionalmente mucho más. Sin embargo, un empleado mexicano de clase media, fácilmente puede terminar pagando al año entre cuatro y seis meses de su sueldo al gobierno. Son contribuyentes cautivos.
Y a las empresas no les va nada mejor. Su socio mayoritario es el Estado, quien sin invertir un peso, recibe hasta el 30% de las utilidades de la empresa y no se espera al fin del ejercicio fiscal para ello, pues cobra religiosamente mediante los pagos provisionales. Además de los diferenciales entre los IVAs cobrados y pagados, eroga el mencionado IEPS, el impuesto sobre nómina, las cuotas de seguridad social para los trabajadores (que implica un costo promedio del 29% del sueldo del trabajador, lo cual estrangula los salarios) y otros impuestos especiales, como el relativo al hospedaje.
Con una carga impositiva tan alta y un poder adquisitivo tan bajo, no hay estructura de costos que aguante, lo cual explica ampliamente la baja competitividad de la empresa mexicana y la inviabilidad de tantos modelos de negocio de empresas pequeñas y medianas.
Un ejemplo de ello es el reciente gravamen a las plataformas digitales de servicios de entregas a domicilio. Les cuento la historia: ante el confinamiento obligado por la pandemia, los restauranteros vieron una luz al final del túnel utilizando este tipo de aplicaciones móviles, pues les permitió seguir teniendo ventas a pesar de la restricción de afluencia de comensales. Pero el costo de este servicio resultó sumamente alto: a la ya muy elevada comisión sobre venta (hasta el 30%), se le agrega ahora el IVA y la obligación de efectuar retenciones a los negocios de alimentos preparados, de tal suerte que la estructura de costos les reventó. ¿Y ahora quién podrá salvarlos? Habrá que trasladar los costos al consumidor vía precio, pero en una economía en crisis, muchos usuarios de estos servicios terminarán por prescindir de ellos.
He aquí el nudo. Por supuesto, estas plataformas digitales no tenían porqué estar exentas de IVA. Todo comisionista causa IVA. No gravar estas comisiones sería darle una ventaja a un negocio que floreció durante la pandemia mientras muchos otros comisionistas quedaron varados sin ingreso alguno. Por otro lado, las retenciones de impuestos a los restauranteros cierran el paso a una posible omisión de declaración de ingresos. Sin embargo, la falta de diálogo empático entre los tres actores, plataformas, legisladores y restauranteros, terminó por dar el tiro de gracia a muchos negocios de este giro.
Si a esta asfixia que representa esta onerosa carga tributaria, le agregamos la baja calidad de los servicios gubernamentales (atención burocrática, vialidades, seguridad, salud, educación, impartición de justicia, entre otros) y los escandalosos niveles de corrupción en el ejercicio del gasto público, el espíritu solidario muere antes de nacer.
En fin, este es un lado de la historia. La próxima semana, si usted me lo permite amable lector, le invitaré a reflexionar sobre los efectos de la evasión fiscal al interior de la empresa y el mensaje psicológico a quienes no pagan impuestos. Le agradezco contar con el favor de su tiempo y espero me lo obsequie nuevamente en la siguiente edición.
[1] Según la teoría del contrato social, de Thomas Hobbes.
[2] Porcentaje sobre el presupuesto programable, en números redondos conforme a las cifras que presenta la página de Transparencia Presupuestaria https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2020 consultada el 2 de agosto de 2020
