Luego de que el Congreso de Michoacán incurrió en desacato judicial, debido a la negativa de la presidencia de la Mesa Directiva a pagar 17 millones 62 mil pesos a una profesionista con la que se firmó contrato en 2015 por requerir sus servicios, el juez de la causa notificó del embargo de las cuentas bancarias de la LXXV Legislatura local.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, dijo tener conocimiento de la entrega del oficio, pero aclaró que existe ya una jurisprudencia judicial, en la que se catalogaron como inembargables las cuentas de los gobiernos en cualquiera de sus niveles, debido a la afectación que generan a la nómina de los trabajadores, por lo que confió en que el personal jurídico haya actuado en consecuencia.
“Sé que llegó algún documento de esta naturaleza, desconozco si la autoridad se amparó ante este supuesto embargo de cuentas, en el sentido de que hay una jurisprudencia de que son inembargables las cuentas de los estados, los ayuntamientos, porque afectan a terceras personas”.
De acuerdo a la información pública que hay del caso, el Congreso de Michoacán firmó un convenio de prestación de Servicios Profesionales por el timbrado de la nómina 2015 y 2016 con Selene Sayonara González Carrillo, quien logró recuperar cerca de 124 millones de pesos a favor del Poder Legislativo.
Para esto, se acordó pagar a la profesionista 23 millones y medio de pesos a más tardar el 31 de diciembre del 2018, pero el Congreso desconoció la prestación de servicios y Selene decidió acudir a las instancias judiciales.
El 10 de noviembre del 2021, el juzgado Cuarto Civil condenó al Congreso a realizar el pago de 10 millones 200 mil pesos por la prestación de los servicios y tras una apelación, la segunda sala Civil resolvió que se debían pagar además 6 millones 862 mil pesos por “gastos y costas”, es decir, cerca de 17 millones de pesos.
El 29 de septiembre del 2022, el actuario y el apoderado legal de la profesionista intentaron realizar la diligencia de embargo del Congreso, pero no se les permitió el ingreso.
Ante esto, el 15 de noviembre se realizó un nuevo intento de acuerdo, pero el representante del Congreso local negó firmar algún convenio, por considerarlo costoso.
El dirigente sindical consideró que el conflicto laboral no tendría por qué tener efectos negativos o poner en riesgo el pago de quincena y prestaciones de los trabajadores del Congreso de Michoacán, ya que los recursos no se han depositado, pero además lamentó que los diputados tomen decisiones que no se resolverán en su legislatura.
“En el tema de las cuestiones laborales, desafortunadamente el Poder Legislativo, los diputados toman decisiones que no se van a resolver en su legislatura y afectan las finanzas del Poder Legislativo”.
También dijo desconocer si el problema actual es consecuencia de que no hubo una adecuada defensa jurídica, ya que entonces tendrían que resolverlo mediante un amparo.
