Al menos 8 policías estatales, uno de ellos portando un arma corta, habrían vejado, agredido e insultado a la periodista Dalia Villegas Moreno el pasado 2 de noviembre al interior de Palacio de Gobierno, para que entregara el teléfono celular con el que dio cobertura a los disturbios que se registraron y habría grabado el momento en el que el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Juan N., tapó la cámara del aparato cuando le cuestionó el reporte de los hechos.
La situación se presentó cuando documentaba el momento en que policías detuvieron a quienes causaron destrozos en el inmueble oficial, tras la protesta que se generó por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; los jóvenes habrían sido golpeados cuando ya estaban en el suelo y de rodillas.
“Ese celular”, ordenó el ex titular de SSP, cuando la comunicadora, con la identificación de su medio visible, le preguntó “¿cuál es la situación?”, en la planta alta de Palacio de Gobierno.
La descripción de los hechos, forma parte de los 34 datos de prueba que presentó La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especial en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en la audiencia inicial que se desarrolló el pasado 10 de abril y donde se solicitó la vinculación a proceso del ex secretario de Seguridad, por los delitos de abuso de autoridad, intimidación y robo calificado grave, en contra de Dalia Villegas Moreno.
Bajo la causa penal 501/2025, la audiencia fue encabezada por el juez de control, Miguel Ángel Henríquez Rodríguez y se desarrolló durante cerca de 3 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, a donde acudió el imputado con una defensa integrada con 5 abogados, de los cuales sólo 3 pudieron ingresar a la sala.
Ahí mismo, solicitó la reserva de sus datos y que se le refiera únicamente como “Juan N.”.
En la audiencia, el ministerio público de la FEADLE exhibió 34 datos de prueba, entre ellos las entrevistas de la víctima y otros comunicadores que dieron cobertura a la protesta; audio y video de las cámaras de Palacio de Gobierno, que se entregaron hasta enero de 2026, así como dictamen de audio y video del teléfono de Dalia Villegas, así como de las conversaciones que sostuvo esa tarde.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal cometió varios errores al referirse al momento en que la periodista aborda al secretario de Seguridad, ya que al menos en 3 ocasiones describe un intercambio de palabras distinto y se equivocó al señalar que los hechos se registraron en Palacio Municipal cuando fue en Palacio de Gobierno.
Incluso había dado por concluida la exposición de los datos de prueba cuando aún faltaban 3, pero el juez permitió que pudiera complementar luego de un receso.
El representante de la FEADLE también omitió solicitar las medidas cautelares para el imputado, y solo ante una precisión del juez pretendió incluirlas, pero Miguel Ángel Henrínquez le aclaró que el momento procesal había pasado.
En los datos expuestos se conoció que entre el grupo de policías que agredió a la periodista, se encontraban 6 hombres y 2 mujeres, una de las cuales, le torció el brazo para obligarla a entregar el celular, mientras que el entonces secretario de Seguridad insistía en que borrara el material grabado.
El funcionario se comunicó inclusive con una compañera de trabajo de la víctima y luego con el director del medio, quien se negó darle la indicación de que borrara las grabaciones, al argumentar que hacía su trabajo.
Tras la violencia que ejercieron los policías estatales, lograron apoderarse del celular de la periodista y lo tuvieron en su poder durante cerca de 15 minutos, para luego regresárselo y entre empujones y agresiones permitir su salida de Palacio de Gobierno.
Con los datos de prueba, la FGR consideró tener los elementos suficientes, idóneos y pertinentes para obtener la vinculación a proceso.
Sin embargo, el imputado pidió la duplicidad de término para que el juez federal resuelva situación jurídica, por lo que la audiencia se retomará el 15 de abril a las 18:00 horas.
