Morelia, Michoacán.- A 50 años de la desaparición de Venustiano, Jesús, Armando, Amafer y Solón, la familia Guzmán hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que no retrase más la resolución final sobre el caso, cuyo expediente fue admitido desde julio de 2013.
El pronunciamiento, leído por voceros de organizaciones acompañantes este jueves en rueda de prensa, destaca que lo que inició como una lucha de las víctimas indirectas se convirtió, a lo largo de cinco décadas, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, en una de carácter “intergeneracional” y “suprafamiliar”.
Abdayán Guzmán Cruz, hijo y hermano de aquellos cuya aparición exigen con vida (“porque vivos se los llevaron”), destacó que la desaparición de sus familiares constituye un “crimen de lesa humanidad”, pues habría sido cometido por el Estado Mexicano, en el marco de la “guerra sucia”, desatada en contra de movimientos sociales y armados que buscaban la construcción de un país más justo.
Los cinco integrantes de la familia Guzmán que permanecen en la categoría de “desaparecidos”, relataron los familiares, habrían sido reprimidos y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia, luego al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, donde habrían sido interrogados, después de lo cual no se supo de ellos, por lo cual constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.
Después de buscar la justicia en el propio territorio nacional, donde las investigaciones no avanzaron, la familia Guzmán optó por perseguirla en la Corte Interamericana, en 2006, pero fue hasta el 12 de julio de 2013 cuando se admitió la solicitud, y hasta la fecha no ha dado una resolución final.
El próximo sábado 20 de julio a las 11:00 horas se llevará a cabo un acto político-cultural en la comunidad autónoma de Santa Fe de la Laguna, como exigencia colectiva de memoria, verdad y justicia por la familia Guzmán y los más de 180 mil personas detenidas-desaparecidas desde la “guerra sucia” hasta la fecha, entre ellos, al menos 20 personas de comunidades originarias.