A 45 días de que la dirigencia estatal del PRD solicitó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que la Policía Morelia sea la responsable de la seguridad del candidato a la reelección, Alfonso Martínez Alcázar, la petición no ha sido autorizada ni tampoco se ha contestado a su solicitud para que los recursos no se consideren como gastos de campaña ni aportación de un ente prohibido.
Según consta en el proyecto de resolutivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos (JDC), desde el 31 de marzo, el uno y 5 de abril, el Partido de la Revolución Democrática hizo la petición al IEM, que la turnó a la Secretaría de Gobierno y a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Seguridad Pública.
En respuesta, la SSP señaló que, de acuerdo al Protocolo de Protección y Seguridad de las personas candidatas en el desarrollo de las campañas electorales, debía presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como requisito para otorgar la medida de protección al candidato, lo que fue impugnado por el PRD ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El 11 de abril, este órgano jurisdiccional determinó otorgar “de plano” las medidas de protección a efecto de salvaguardar la seguridad del aspirante a candidato, por lo que “en tanto la autoridad competente se pronuncie al respecto”, se mantendría con elementos de seguridad municipales, y turnó el caso al IEM para que diera respuesta.
EL 30 de abril, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, determinó que las presidencias municipales que opten por la reelección consecutiva y cuenten con protección por elementos de cualquier nivel, deberían solicitar dicha protección ante la Mesa de Seguridad a fin de no incurrir en utilización de recursos indebidos, ya que solo así no se sumaría al tope de gastos de campaña.
Sin embargo, se pronunció en el sentido de que no era competente para resolver los casos de las presidencias que tuvieran protección previa y que les fueran asignados los mismos elementos de seguridad.
Dicho acuerdo fue impugnado ahora por el PRD ante el Tribunal Electoral de Michoacán, al considerar que la respuesta carece de exhaustividad y congruencia, así como de falta de motivación y fundamentación.
En el proyecto que debe resolver este jueves, el TEEM se plantea que la respuesta no correspondía únicamente al presidente del Instituto Electoral de Michoacán sino al pleno, por lo que dicho acuerdo estaría “viciado de nulidad”.
También señala que con independencia del protocolo de seguridad, “no advierte una razón jurídicamente válida para que se siga manteniendo esa incertidumbre en contra del partido político y candidato”.
Además, al argumentar el conocimiento de la Policía Morelia de la región, así como las discrepancias de Alfonso Martínez con autoridades estatales, considera jurídicamente viable que se disipe en definitiva la controversia sobre cuál es la corporación de policía que se debe encargar de la protección.
En consecuencia y ante la falta de actuación de las autoridades involucradas, la propuesta es ordenar a la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral para que en la próxima sesión de trabajo, se pronuncien y autoricen que la seguridad de Alfonso Martínez siga a cargo de la Policía Morelia y que los recursos no sean destinados dentro de los gastos de campaña.
 que la Policía Morelia sea la responsable de la seguridad.){kind=link}