Sin ninguna sentencia contra algún servidor público, pese a que se inició investigación contra 173 funcionarios de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos y ciudadanos, el Fiscal Especial Anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa entregó su informe anual de actividades al Congreso del estado, a través de la presidenta de la mesa directiva, Adriana Hernández Íñiguez.
En entrevista, precisó que 19 carpetas han sido judicializadas y al momento no se tiene sentencia de ningún caso, pero “están pendientes de que se resuelvan”.
Señaló que se investiga a funcionarios de todos los niveles, por uso ilícito de facultades y atribuciones, negativa del servicio público, peculado, abuso de autoridad y cohecho
“Tenemos de todos los rangos, de todos los niveles, desde expresidentes municipales, también a nivel directivo del gobierno del estado, quiero acotar aquí que al iniciar una investigación no se puede acotar aquí si hay o no responsabilidad, pero se han llevado investigaciones a nivel de secretario del estado”.
El Fiscal rechazó que el Sistema Estatal Anticorrupción sea ineficiente o no funcione, al señalar que su función principal no es llevar a los funcionarios a la cárcel o sancionarlos sino que haya justicia
“Para la comunidad jurídica y para la ciudadanía debe de ser de su conocimiento quedar claro y comunicarse adecuadamente, que lo que busca el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial es precisamente que se tenga acceso a la justica y que tenga acceso a la justicia no se ve reflejado en que una persona se vea privada de su libertad, este es el fin último de este sistema y lo que busca es la reparación del daño y aquí estamos entregando cuentas”.
Precisó que en el último año, se han resarcido al erario estatal más de 25 millones de pesos, correspondientes a diversas indagatorias, además de que se han recuperado más de 64 vehículos.
El informe corresponde a información del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022, cuando se presentó un incremento de cerca del 23% en el número de denuncias de actos de corrupción, ya que se abrieron 235 carpetas de investigación a diferencia de las 186 del periodo anterior.