Asesorado por 2 defensores públicos, que no expusieron un solo argumento, solo se sumaron a lo dicho por su representado, Diego Urik Mañón Melgoza, declarado culpable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, pidió el cambio del magistrado de la Novena Sala Penal, Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, para resolver la apelación que presentó a la condena en su contra, en un trámite que se conoce como “recusación”.
Tras platicar por primera vez con los abogados, luego de que fueron asignados a su caso, el joven pidió de manera directa “alguien que sea imparcial” para resolver su apelación y señaló incluso al presidente del Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz García, por prejuzgar que le iban a dar 50 años de cárcel en la víspera del fallo.
“Hay una ide preconcebida de mí, hay una idea parcial de las víctimas”, aseguró a la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, responsable de resolver la solicitud del sentenciado, quien -de acuerdo a las pruebas expuestas en juicio- asesinó a Jessica con 31 golpes en diferentes partes del cuerpo, con crueldad y para causarle dolor.
En representación de la víctima, los ministerios públicos a cargo del caso desde 2020, pidieron considerar improcedente la solicitud, al señalar la no existencia de prueba o dato objetivo para comprobar los señalamientos de Diego.
Verónica Villaseñor Ferreyra, la mamá de Jessica, solo recordó que sino hay pruebas no hay razón de seguir con los alegatos, segura de que debe haber un fundamento legal.
Sin requerir a sus abogados, Diego insistió en su demanda de un juicio justo, al considerar que hasta la fecha, “todo ha sido mediático”, y que requiere un juzgador que resuelva por los hechos y no por “los intereses”.
Sin requerir siquiera tiempo para analizar los argumentos, la magistrada Llanderal Zaragoza declaró improcedente la petición, al señalar que no se comprobaron las acusaciones hechas por escrito y de manera verbal en la audiencia.
Reveló que en el documento entregado con sus argumentos, Diego Urik expuso que el magistrado que deberá resolver la apelación, tiene una relación con el fiscal del estado, el presidente del Tribunal de Justicia y con el gobernador, “lo que podría desfavorecerlo”.
Como pruebas, el joven aportó una foto donde aparece el Magistrado de la sala novena en un evento oficial con el Fiscal, que en ese tiempo era todavía secretario de Gobierno; el programa de un evento alusivo al Día del Abogado, a que se preveía la asistencia del gobernador y el magistrado Bribiesca, así como una columna de 2016, donde se señala una presunta relación del titular de la Fiscalía con el integrante del Poder Judicial.
La magistrada precisó que el presidente del TJEM, no es el superior jerárquico de los integrantes del Poder Judicial, por lo que “no puede sugerir ni instruir” a los juzgadores, quienes tienen plena independencia de criterio.
Aseguró que el propio magistrado Bribiesca negó tener una relación personal con el gobernador o el fiscal, y precisó que los eventos en los que aparecen juntos son oficiales, por lo que no existen elementos objetivos para acreditar que mantienen una relación de amistad que pudiera influir en la determinación del juez.
