Pese a reconocer que fueron promovidos 30 amparos contra la construcción del Teleférico de Uruapan sin que ninguno tuviera una sentencia definitiva de un juez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aclaró que este recurso legal ya no “aplica”, porque “no puede ir contra la realidad”.
Aunque el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez informó el pasado 20 de abril que se habían contestado 19 amparos, el mandatario corrigió el número, pero aclaró que dejaron de aplicar al momento en que se puso en operación la obra, por lo que consideró que nadie la podrá frenar.
Gobernador: “En Uruapan había como 30 amparos. No, si te digo que intentaron de todas formas detenernos”.
Periodista: “¿Pero hubo sentencias firmes?”.
Gobernador: “No nunca llegamos a eso, nosotros siempre respetamos el tema, defendimos nuestra posición y ganamos, pero ganó el pueblo de Uruapan, el Teleférico de Uruapan, nadie lo paró y nadie lo podrá parar, porque el propio pueblo de Uruapan lo está disfrutando, lo está viviendo y es la que va a pedir que no se pare por ningún motivo, no podemos estar al interés individual”.
Ante la queja de vecinos del fraccionamiento Bosques de Uruapan que denunciaron ser presionados por personal del Poder Judicial Federal para que se desistieran del amparo, el mandatario consideró que “están mal informados”, ya que una vez que se puso en operación el sistema de transporte ese recurso legal no aplica.
“No, no hay ninguno ya. (…) No, creo que están mal informados. No hay amparos ya. La verdad es que está operando, ya no aplica ningún amparo porque los amparos no pueden ir contra la realidad, esto te lo comento yo”.
Ramírez Bedolla explicó que el amparo no es un juicio administrativo, por lo que no se espera una sentencia sino que su objetivo es detener un acto, que en este caso no se logró.
Detalló que en este Fraccionamiento, de donde era presidente de la Asociación de Colonos, Isidro Ramos Sandoval, el abogado asesinado en marzo del 2025, fue edificada una torre, pero en terreno que era propiedad del gobierno del estado, por lo que denunció corruptelas en las suspensiones que se otorgaron.
“Esta queja que hay, que me mencionas, la torre se construyó en terrenos del Estado, no en terrenos privados. Ahí hubo corruptelas porque resulta que ahí vivían jueces, federales, secretarios de acuerdos. Ya no quiero ya hablar de esos temas porque luego son muy sabrosos para hacer ruido.”
De acuerdo a los datos públicos del Poder Judicial Federal, Isidro Ramos promovió el amparo número 6/2025 contra la construcción del Teleférico en el área verde del fraccionamiento y obtuvo la primera suspensión definitiva el 21 de octubre del 2024.
En los siguientes meses promovió 3 amparos más: el 798/2024, 787/2024 y 67/2024, en todos obtuvo la suspensión provisional y luego definitiva.
Los jueces a cargo determinaron que “mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan” pero el proyecto continuó.
En los amparos se argumentó que el proyecto no era sustentable, que había omisión de autoridades al no suspender la construcción de 47 torres y 6 estaciones del Teleférico cuando no tenía licencia de construcción, ni tenía estudios, permisos, dictámenes, autorizaciones y planos.
En los escritos se señalaron 11 autoridades y empresarios responsables, entre ellos el gobernador de Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en México, además de las empresas Doopelmayr México y Gammi Ingeniería e Instalaciones.
