Hace un año, millones de mujeres salieron a las calles de todo el mundo para defender sus derechos humanos y para hacer visibles las injusticias que aún enfrentan cotidianamente. Se apropiaron de un espacio que les había sido negado y lo hicieron de forma apasionada, creativa, intensa. Fue una jornada memorable, que logró movilizar conciencias y despertar empatía de muchos hombres (aunque también repudio de algunos).
En México se organizaron tres tipos de eventos masivos: cadenas feministas, marchas y lo que llamaron “un día sin mujeres”, una huelga el 9 de marzo. Con ello, cientos de miles de mujeres buscaron hacer visible su importancia en el espacio privado y los riesgos y desventajas que padecen en el espacio público. Expresaron su miedo a ser violentadas y su decisión de no tolerarlo más: “¡Ya basta!” se leía en cientos de carteles. La violencia contra las mujeres y la impunidad de la que ésta goza, unificaron los reclamos.
Dos semanas después en México empezaron las medidas de aislamiento para tratar de contener la proliferación del virus SARS-CoV-2. Paradójicamente, después de ocupar las calles y los espacios públicos con sus demandas, las mujeres tuvieron que permanecer en sus hogares o limitar mucho su movilidad. El desempleo y la violencia intrafamiliar se han ensañado con ellas. En 2020 la violencia doméstica se incrementó en 60%, de acuerdo con ONU Mujeres (aún sin datos conclusivos); las labores de cuidados se incrementaron por los niños recluidos y con tareas escolares, además de la atención necesaria para las personas mayores; de acuerdo con la CEPAL, la tasa de desocupación femenina creció casi 6% en relación con 2019. A pesar de ello, no han cesado esfuerzos por defender derechos e igualar oportunidades de participación en la vida pública.
En México, en años recientes ha habido avances considerables para remontar prácticas ancestrales de exclusión y discriminación de las mujeres. La reforma constitucional de 2014 que estableció la paridad de género en los poderes legislativos federales y locales, ha aumentado notablemente la presencia política de las mujeres. La Sexagésimo Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, llamada “La legislatura de la paridad”, está integrada por 49% de mujeres en la Cámara de Senadores y 48% en la de Diputados.
Los poderes locales también reflejarán una composición más cercana a la paridad debido a que los partidos políticos deben postular a tantas mujeres como a hombres en las candidaturas. Incluso deben hacerlo ahora en un espacio que parecía vedado para ellas: las gubernaturas. Desde 1953, cuando les fue reconocido el derecho a votar, sólo han sido electas siete gobernadoras en el país. Este año, cada partido político deberá registrar al menos a siete mujeres para contender por ese cargo, de un total de 15 gubernaturas en disputa.
Para este proceso electoral, el INE determinó que los partidos políticos destinen, por lo menos, el 40% del financiamiento público y del tiempo en radio y televisión a las candidaturas de mujeres. No podrán ser marginadas, como en años previos, en el acceso a los recursos a los que tienen derecho para desarrollar sus campañas electorales.
Otros cambios importantes han sido las reformas constitucionales de 2019 agrupadas en el lema de paridad en todo, que extenderá este principio a muchas más instancias de decisión en el Estado, así como las reformas legales de abril de 2020, para prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Infortunadamente, como correlato de su mayor presencia en el espacio público electoral, las mujeres han enfrentado más actos de violencia en su contra. Las agresiones se proponen inhibir su participación y disuadirlas de buscar el ejercicio del poder público. De modo que, para evitar la proliferación de esos casos, las autoridades electorales han creado mecanismos para sancionar a los agresores. Uno de esos instrumentos es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cuyo propósito es inhibir la llegada a puestos de elección popular de individuos que hayan cometido actos de violencia física o simbólica contra mujeres.
Estas medidas son muy importantes para contener la violencia política contra las mujeres. Por desgracia, la violencia contra las mujeres abarca muchas otras formas: la violencia doméstica, la exclusión laboral, las agresiones sexuales, los feminicidios y un etcétera tan extenso como trágico. Y en torno de esas prácticas inadmisibles, lo más frecuente es la impunidad, derivada no sólo de las deficiencias de nuestros sistemas de seguridad y justicia, sino de la indolencia, la complacencia y hasta la complicidad de muchos hombres dotados de poder.
