A menos de un de la jornada electoral judicial del 2025, Michoacán figura entre las ocho entidades con alto riesgo de violencia político-criminal, que pone en riesgo las elecciones, según un análisis publicado por la organización México Evalúa.
En el análisis que publicó encontró que de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones de jueces tanto estatales como federales, 8 presentan altos niveles de riesgo de violencia político criminal.
La organización considera que los factores que propiciaron la violencia en las elecciones previas se encuentran hoy mucho más presentes y que sirven como vía para que el crimen organizado intervenga y capture no sólo los procesos electorales sino sus resultados y, por tanto, a las y los juzgadores en distintas partes del país.
Entre los hallazgos de este estudio se identifican 4 casos de violencia en la elección judicial, mientras decenas de renuncias y amenazas de los procesos electorales
ordinarios.
Son ocho entidades enfrentan riesgo alto o muy alto en términos de violencia para
esta elección judicial: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz.
En el caso de Michoacán, el riesgo de violencia se explica por cuatro factores clave: disputas territoriales violentas, mercados ilícitos activos, baja capacidad institucional para frenar la intromisión del crimen organizado y alta proporción de cargos judiciales en disputa.
Esto convierte al estado en un terreno fértil para que el crimen organizado busque capturar procesos, resultados y estructuras judiciales; según el Décimo segundo Informe: La violencia acecha las elecciones judiciales.
La situación se agrava al considerar que algunos estados considerados de riesgo, desde agosto de 2024, se han registrado asesinatos de personas vinculadas al Poder Judicial mientras avanzaba la implementación de la reforma constitucional en la materia. Aunque no todos los casos pueden clasificarse como violencia electoral, el riesgo para personas juzgadoras es real y creciente.
Uno de los pocos casos documentados de violencia directamente vinculada a una candidatura judicial es el de Audel Arnoldo Hernández Solís, aspirante asesinado en este periodo. Sin embargo, en estados como Veracruz, al menos una docena de personas renunciaron a participar en las elecciones judiciales por amenazas, inseguridad y violencia.
El Observatorio Electoral Judicial ha lanzado un llamado urgente a las autoridades electorales y de seguridad para actuar de forma coordinada frente al riesgo que representa la captura del poder judicial por intereses criminales. La preocupación crece aún más ante la posibilidad de que en 2027 se realicen elecciones judiciales y políticas de forma concurrente en todo el país, en un escenario de debilitamiento institucional y sin mecanismos de acción claros para responder a la violencia.
