En Michoacán las irregularidades en el manejo de los recursos del Sector Salud son cosa frecuente, en donde los procesos legales para el fincamiento de responsabilidades acaban por diluir los asuntos y permanecer en el limbo.
Un ejemplo claro es el del extinto Seguro Popular –que fue sustituido por el Insabi por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- en donde las irregularidades que año con año detectó la Auditoría Superior de la Federación no se han visto reflejadas en la aplicación de sanciones a los funcionarios responsables.
En la recta final de 2018 los titulares de las secretarías de Finanzas y Salud, así como los directores del Seguro Popular que ejercieron funciones en Michoacán de 2012 a 2016 fueron denunciados ante otrora Procuraduría General de la República por la organización Impunidad Cero, por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta el momento se conozca el resultado de las investigaciones.
Dichas denuncia buscaba que la Procuraduría General de la República llevara a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer presuntos hechos de corrupción cometidos por el mal uso de recursos públicos que la Federación entregó a los estados para el programa de Seguro Popular y a través del FASSA, y que estaban etiquetados para prestar servicios de salud a la población.
La denuncia abarcaba a varios estados de la República y en el caso de Michoacán se acusaba un manejo irregular de por lo menos 927.8 millones de pesos.
Tampoco se conoce de los resultados de los procesos realizados por la Auditoría Superior de la Federación a las millonarias irregularidades detectadas en el Seguro Popular.
En 2013 dentro de este programa en Michoacán la ASF determinó un posible daño a la hacienda federal por mil 408 millones 295 mil 800 pesos, prácticamente la mitad del monto total que dentro de este programa fue destinado a Michoacán ese año y que ascendió a dos mil 857 millones de pesos.
La Auditoría encontró que el gobierno estatal transfirió recursos destinados al Seguro Popular a cuentas bancarias distintas sin reportar su reintegro; que pagó a personal que ya había sido dado de baja; que pagaron a empleados que no contaban con la documentación requerida así como a comisionados sindicales.
Asimismo los Servicios de Salud del Estado sólo invirtieron el 7.7 por ciento de los recursos en medicamentos, material de curación y otros insumos, pese a que el mínimo permitido en el programa es del 30 por ciento, esto “repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas y en el indicador de quejas, el cual fue el más recurrente”.
Pero además las autoridades estatales adquirieron medicamentos a un precio superior, y otros más que no estaban incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
La tónica de irregularidades no varió para el 2014, en donde la Auditoría detectó irregularidades por mil 204 millones 949.2 mil pesos, integradas 1.1 mil millones pesos por el saldo bancario en la cuenta del programa en la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán de los cuales no acreditó su transferencia al organismo ejecutor; 24.1 millones por transferir recursos del Seguro Popular 2014 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa; 2.01 millones por destinar recursos del Seguro Popular para adquirir medicamentos a un precio superior al de referencia y medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud: y 1.2 millones de pesos por el pago a cuatro servidores públicos comisionados al sindicato, que realizan actividades distintas a las del servicio de atención a los afiliados del Seguro Popular.
Además se determinaron observaciones por aclarar por 3,1 millones de pesos, que se integran por 13.2 mil pesos por la diferencia de los pagos realizados como médico especialista respecto del médico general y 3.09 millones pesos, por pagos a 38 servidores públicos con puestos de médico, paramédico y afín, que realizaron funciones administrativas.
En el 2016 el monto de irregularidades observador fue de 855 millones 584.9 mil pesos, en donde destacaban los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2015 no devengados ni comprobados, la falta de documentación comprobatoria del gasto de diversos prestadores de servicios y que no se comprobó que los servicios brindados fueron destinados a la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y el pago de compensaciones interestatales.
Sobre las cuentas de 2016 y 2017, la órgano fiscalizador en su informe sobre la revisión del gasto federalizado no presentaría informes públicos en torno a las revisiones del sector salud en Michoacán.
Para la revisión de la cuenta de 2018, ya con una nueva administración en la Auditoría en este 2020, la magia se dejaría sentir al dejar prácticamente virginal a la Secretaria de Salud de Michoacán en cuanto a observaciones sobre recursos ejercidos de manera irregular, esto pese a que las fallas del sector han sido evidenciadas continuamente por diferentes vías en la entidad.
Así pues las irregularidades en el manejo de los recursos dentro del Sector Salud en Michoacán, y particularmente de lo que fue el Seguro Popular, permanecerán como uno de los miles de secretos sin resolver en la infinidad de casos de quebranto y malversación de recursos en nuestro país.
