En un país como México en donde sólo el 21.9 por ciento de la población entra en el rango de no vulnerabilidad y no pobreza, para la gran mayoría de los mexicanos el llamado buen vestir no entra de modo alguno en el radar de sus previsiones vitales.
En el caso de Michoacán, los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportan que tan sólo el 14.9 por ciento de la población está en el rango de no vulnerabilidad y no pobreza, es decir, en la entidad la situación de precariedad abarca a más de tres cuartas partes de la población y es mayor que el general nacional.
En las prioridades de gasto de las familias mexicanas, el vestir y calzar no aparece como prioritario ya que, los ingresos con que cuentan son empleados principalmente para alimentarse (35%), para transportarse (20%), para educarse o esparcirse (12%), y para su vivienda o combustible (10%). Anualmente una familia destina en promedio sólo el cuatro por ciento de sus ingresos para vestirse y calzarse, según datos del INEGI.
Por eso llama la atención que frente a una condición de marginación y precariedad como la que vive la mayoría de las familias en el país y en particular en el Estado, el Gobierno de Michoacán realice onerosos gastos para la adquisición de vestimentas ajenas a aquellas que requieren sus empleados para cumplir con sus funciones.
Dice el dicho que como prueba un botón, y para el caso que nos ocupa sirve para ejemplificar hacer una revisión al contrato CADPE-EM-LPE-031/2018, que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado concretó en 2018 con Apanza Distribuidores S.A. de C.V.
La convocatoria de la respectiva licitación se dio a conocer en junio de 2018, bajo el concepto de adquisición de vestuarios y uniformes. En las bases se enlistaban las prendas que el Gobierno estaba interesado en adquirir: playeras tipo polo, camisas, pantalones, trajes sastre, chamarras, chalecos, batas, overoles, filipinas, suéteres, conjuntos deportivos, gorras, guantes, cascos, fajas e impermeables.
A partir de dichos requerimientos es que tres empresas presentaron sus propuestas de cotización, Apanza Distribuidores S.A. de C.V., Tecamo Insumos S.A. de C.V. y Weentech Uniformes Institucionales S.A. de C.V., optando las autoridades por la primera debido a que era la menos costosa.
El seis de agosto de ese año se daría a conocer el fallo de adjudicación a la empresa ganadora de la licitación. Es ahí donde llama la atención la inclusión de prendas de vestir no incluidas originalmente en las bases de licitación y que saltan a todas luces.
Por un lado se incorporó la compra de guayaberas con un costo por unidad de mil 69 pesos; pañoletas y mascadas tipo seda azul, de 254 pesos cada una; vestidos de gala negro para mujer, “escote al frente, aplicación plateado en frente, escote en V, sin mangas”, por un costo unitario de mil 938.81 pesos.
Asimismo se incluyó la compra de smokings negros de dos piezas cada uno, pantalón y saco, con las especificaciones técnicas respectivas. Cada smoking fue adquirido por cinco mil 855.61 pesos.
Dichas adquisiciones no pararon ahí, también fueron incluidos en el paquete sacos de Frac negros, con un costo de cinco mil 777.28 pesos cada uno.
Para que el buen vestir de los funcionarios públicos que harían uso de dichas vestimentas no diera de qué hablar, se incluyó la compra de juegos de moño blancos y negros para hombre por 489.60 pesos cada uno, así como fajas de frac negras forradas con raso en poliéster brillante por 342.72 pesos. Las camisas cuello de paloma costaron al erario público 685.44 pesos cada una.
El costo total de la adjudicación realizada fue de 16 millones 534 mil 294.12 pesos, con posibilidad de crecer ¡hasta los 110 millones 214 mil 110.33 pesos!
El dinero invertido por las autoridades en dicha licitación superó ese año, el presupuesto anual con que contaron diversas instituciones, tales como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado que tuvo 13.3 millones de pesos; el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, con 12.2 millones; el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, con 9.7 millones; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con 7.9 millones; y las universidades Tecnológica del Oriente, Politécnica de Lázaro Cárdenas, y Politécnica de Uruapan, que para entonces sólo contaron con cuatro millones de pesos anuales para operar cada una.
Así las cosas.
