En Michoacán el caso de la presa Francisco J. Múgica ha evidenciado el espíritu sepulturero de las autoridades en el estado sobre los actos de corrupción que se comenten en la esfera del quehacer público. El mentado pacto de impunidad es la constate del accionar gubernamental en donde la lógica del no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, es regla para solapar las ilegalidades cometidas.
La prescripción es la carroza fúnebre en la que los casos de corrupción y malversación de recursos públicos son sepultados en Michoacán, en donde los enterradores son quienes han abdicado en los hechos –no en el cargo- a la responsabilidad de investigarlos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría del Estado, y la Auditoría Superior de Michoacán han evidenciado sus incapacidades –por decir lo menos- en un caso tan emblemático de corrupción como lo es el de las irregularidades registradas en el proceso de construcción de la presa Francisco J. Múgica, con la intervención de la firma brasileña Odebrecht a invitación del exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por años investigaciones periodísticas han dado cuenta de las irregularidades y los actos de corrupción registrados en tal obra, por años la opinión pública ha exigido que el caso sea investigado, por años la indolencia, la omisión y la simulación ha moldeado la postura de las autoridades en torno a este asunto.
Es por ello que lo ocurrido en la Sala de Oralidad 9 del Poder Judicial del Estado el pasado viernes 28 de agosto, es de suma importancia y significación en Michoacán. Ahí se concedió razón al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en una querella que promovió contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que de plano se había negado a investigar sobornos de Odebrecht en la obra, bajo el argumento de que el caso estaba prescrito.
A nivel de símbolo resulta por demás significativo que sea la ciudadanía a través de su representación (el Comité de Participación Ciudadana) la que esté empujando para que se investiguen los actos de corrupción en Michoacán –en este caso en la obra de la presa Francisco J. Múgica- frente a la dilación y omisión en que incurren las autoridades legalmente responsables para investigarlos.
Fue en noviembre de 2018 cuando el Comité presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Víctor Guerra Reyes –responsable de la construcción de la presa en los gobiernos de Cárdenas y Godoy– y todo aquél que resulte responsable, esto debido a sobornos pagados por Odebrecht que fueron documentados por el Departamento de Policía del Principado de Andorra en la Operación Pernambuco que contiene el expediente sobre Blanqueo de capitales relacionados con la firma brasileña.
Sobre las irregularidades de la Presa J. Múgica la Auditoría Superior de Michoacán ya se había desmarcado sobre el asunto, retrasando las revisiones para lograr la prescripción, incluso en enero pasado emitió un acuerdo para establecer la reserva de la información relacionada a los procesos de fiscalización de la obra, de manera que éstos permanezcan en la opacidad.
La Secretaría de la Contraloría jamás evidenció interés en investigar el asunto, y desde el Gobierno del Estado se ha mantenido una postura de olvido, tanto que, en la audiencia del pasado viernes cuando los representantes de la Consejería Jurídica argumentaron que deseaban hacer suya la denuncia del Comité de Participación Ciudadana y pedir que se reclasificara el delito, la jueza Amalia Herrera Arroyo dejó en claro cómo más allá del dicho, la autoridad no ha hecho nada pese a que ha contado con tiempo suficiente.
La Fiscalía Anticorrupción echó mano de todos los argumento que pudo para no tener que investigar, a tal punto que la jueza tuvo que recordarle su naturaleza y razón de ser como institución encargada de investigar y perseguir delitos de corrupción.
Mientras en el ámbito gubernamental una a una se cerraban las puertas para investigar el caso, la rendija se abrió desde el ala ciudadana, a través del Comité de Participación Ciudadana al que la Fiscalía Anticorrupción buscó negarle el carácter de víctima para promover su denuncia y con ello sumar argumentos al carpetazo que pretendía del caso.
Por ello para Michoacán resulta histórica la determinación tomada por la jueza Herrera Arroyo, al determinar que la sociedad es víctima directa de actos de corrupción, y que el Comité de Participación Ciudadana es representación de la sociedad en el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que le otorga la facultad de promover e investigar casos como este.
Simbólico fue también que en la audiencia, fuera la propia presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Elvia Higuera Pérez, quien asumiera la representación legal para argumentar y defender ante la juez la querella promovida contra la Fiscalía Anticorrupción. La única integrante del Comité que la acompañó fue Elizabeth Vázquez Bernal, el resto brillaron por su ausencia pese a la relevancia del asunto.
Pese a sus reticencias, la Fiscalía Anticorrupción por mandato judicial deberá investigar ¡oh! ¡probables hechos de corrupción!. Esto sin duda contrastará con lo que ha venido realizando hasta el momento, enfocada más en un sinfín de capacitaciones, adquisición de equipo y seguimiento de temas menores, sin ningún caso que haya culminado en sentencia para algún responsable.
Sin duda la Fiscalía estará en shock al verse obligada a investigar en lugar de sepultar.
Así las cosas.
