A lo largo del último lustro en Michoacán se ha venido alimentando la ilusión de la existencia efectiva de un Sistema Estatal Anticorrupción funcional, con un andamiaje legal e institucional estricto para castigar a quienes hacen mal uso de los recursos públicos, y permitir con ello un ejercicio pulcro y efectivo.
Pero la realidad es otra, el Sistema ha mostrado serias deficiencias y su funcionamiento asemeja más a una carcasa que protege una maquinaria lenta, opaca y poco efectiva, que genera más duda que certeza sobre la posibilidad de combatir la corrupción en Michoacán.
Las limitaciones y deficiencias del Sistema no han permitido tocar hasta el momento los tres pilares de la corrupción de mayor ofensa y condena pública en Michoacán, se trata de las irregularidades en la construcción de la Presa Francisco J. Múgica y de la obra del Teatro Matamoros en Morelia, así como las anomalías en el manejo de los recursos públicos operadas dentro de la llamada licuadora financiera.
El ejemplo más reciente de las limitaciones del Sistema lo observamos en una determinación tomada apenas hace un puñado de días por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Corrupción en el Estado; fue el pasado 21 de mayo, cuando decretó el no ejercicio de la acción penal sobre la denuncia presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito en la obra de construcción de la presa Francisco J. Múgica con la intervención de la empresa brasileña Odebrecht.
La Fiscalía concluyó que transcurrió “en exceso el término para presentar la denuncia y por tanto se actualiza la causal de no ejercicio de la acción penal, prevista en el artículo 255 y 327 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales” y con ello puso punto final al asunto.
Pero sus razonamientos no sólo quedaron ahí, sino que restó peso a la capacidad de acción del Comité de Participación Ciudadana en este tipo de temas, al determinar que no es parte activa del proceso penal, al no ser ni víctima ni responsable.
Es así como la representación de la ciudadanía dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, prácticamente queda vetada para promover denuncias ante la Fiscalía por hechos de corrupción y malversación de recursos sobre los que considere necesario investigar.
El material documental e informativo sobre las irregularidades financieras en la presa Francisco J. Múgica es amplio, tanto a nivel estatal, como nacional e internacional, pese a ello ninguna de las rutas legales emprendidas en Michoacán ha logrado que el tema sea investigado a fondo.
Antes del intento del Comité de Participación Ciudadana, hubo en el Congreso local la intención de que el tema fuera transparentado. De manera particular en la LXXIII Legislatura, la entonces presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Yarabí Ávila González, presionó para la realización de una auditoría forense a la obra. Finalmente tras fuertes resistencias en la Cámara se logró concretar su aprobación como moneda de cambio en la una de las varias solicitudes de la reestructuración de la deuda pública aprobadas a solicitud del Ejecutivo del Estado.
Y aunque la auditoría forense tuvo algunos elementos que ilustraban las irregularidades en la obra sus efectos fueron nulos, ya que los intereses políticos atajaron desde un inicio la posibilidad de un trabajo de fiscalización profundo, con resultados claros y fincamiento de responsabilidades.
En cuando a la revisión de la obra por parte de la Auditoria Superior de Michoacán dentro de los procesos de fiscalización a las Cuentas Públicas Estatales, tampoco se fincaron responsabilidades y la lógica política privó por encima de la rendición de cuentas, por lo que el asunto se fue postergando buscando su prescripción.
Promocionada en su momento como un referente en la historia del desarrollo del Estado, la Presa Francisco J Múgica a la larga sí se confirmaría como referencia en Michoacán, pero de los grandes casos de corrupción en la entidad, sin fincamiento de responsabilidades.
La obra contó con disponibilidad financiera desde el 2006 a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal, y su objetivo era “instrumentar un Proyecto de Refuerzo Hídrico para el Distrito de Riego 097 «General Lázaro Cárdenas», en el Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la construcción, entre otras acciones, de una presa de almacenamiento denominada «Francisco J. Múgica», y un canal de conducción que llevará los caudales de agua necesarios a la superficie de las parcelas de las zonas identificadas como Módulos 2 y 3 de este Distrito”, según se consigna en el Proyecto Hidroagrícola de Michoacán, Construcción y Operación de la Presa “General Francisco J. Múgica.
Dicho proyecto refería que la construcción de la presa se efectuaría en una sola fase y para su ejecución “se estima una inversión aproximada de un mil 500 millones de pesos. Convertido a dólares y con una paridad con relación a nuestra moneda de $10.80 pesos por dólar, da un total de 138 millones 888 mil 888.88 dólares americanos”.
Al final la obra prácticamente duplicó su costo, al ascender a un total de dos mil 915 millones de pesos.
La administración encabezada por Lázaro Cárdenas Batel daría vida en 2006 a la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente. Su función se enfocó específicamente a los trabajos para la construcción de la presa.
Fue hasta 2008, ya con el gobierno de Leonel Godoy Rangel cuando la Comisión fue prevista como Unidad Programática Presupuestaria (UPP) dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, con recursos fijos para sostener su burocracia.
Fueron seis años de vida de la Comisión como UPP en los presupuestos estatales, con recursos variados para su operación, diez millones en 2008, 7.4 millones en 2009, y un monto que se disparó en 2010 para alcanzar los 442.4 millones de pesos desde donde se hizo una nueva inyección de recursos para la Presa. En 2011 el presupuesto de la Comisión volvió al cause con que normalmente operaba, al ascender a 11.9 millones, en 2012 fueron 12.1 millones, y finalmente en su último año de operación se le destinaron 5.3 millones de pesos.
En noviembre de 2006, el gobierno lazarista firmaría el Contrato de Obra Pública número CEAC/NE/LP/001/06 con la Constructora Norberto Odebrecht S.A. El acuerdo sería firmado por Jesús Vallejo Esquivel con carácter de coordinador general, y por la empresa Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciolla Junior, quienes eran representantes legales.
El presupuesto previsto entonces registraba ya adecuaciones por 522.6 millones de pesos superiores a lo originalmente proyectado. Inicialmente se presupuestaron 671.1 millones para la presa, 509.5 millones para obras de conducción y canales, y 44.1 millones para movilizaciones, puestas en marcha y desmovilización. Las adecuaciones inyectarían 382.4 millones más a la presa, y 140.2 millones para obras de conducción y canales.
Es así como los 1.3 mil millones previstos se convirtieron desde un inicio en 1.8 mil millones para la realización de la obra.
La manera en que Odebrecht pudo operar libremente en Michoacán durante las administraciones de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy quedó claramente expuesto cuando en 2018 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo públicos documentos de las transacciones y operaciones de la firma brasileña en México.
En el caso de Michoacán, la información fue sistematizada por el periodista Raúl Olmos quien en octubre de 2018 daría cuenta de una investigación de la Policía del Principado de Andorra en la que se da cuenta cómo Odebrecht utilizó la Banca Privada de Andorra (BPA) “para transferir sobornos a políticos de América Latina, y en la relación de pagos la Policía de aquella nación europea descubrió una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy fue el funcionario responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente”.
Pero toda esa información, ha quedado en Michoacán sólo como elemento de convicción de la acción corruptora que inundó la edificación de la obra. Nadie hasta el momento ha sido oficialmente responsabilizado del asunto, y el erario público permanece –sin rubor alguno- mancillado. Así las cosas.
