En torno al caso de Penjamillo, el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís advirtió que la situación “va más allá” de las amenazas que enfrentaron 4 regidoras y la síndica, al advertir que hay más de una persona con intereses en “las actividades del municipio y las economías que genera”.
En entrevista, rechazó señalar si los hechos tienen relación con la delincuencia organizada, pero informó que personal de la institución se encuentra en el lugar para identificar las conductas delictivas y a los posibles responsables.
“La investigación está en curso, es mucho más allá de lo que se ve en relación a las amenazas, hay una situación que necesitamos atender jurídicamente, con investigaciones relacionadas no solo con ese hecho sino con otros más, y se está haciendo. Y hemos podido establecer la posible comisión de hechos de diversa naturaleza y algunos muy complejos”.
Recordó que el gobierno municipal de Penjamillo, se ha desarrollado con “varios capítulos de hechos delictuosos”, entre ellos el asesinato del ex alcalde, José Leyva Duarte el 10 de junio del 2021 y la desaparición del edil electo, Gilberto Mejía Salgado, 18 días después, por lo que pidió que el municipio “no sea atendido solo en términos de fuerza sino en coordinación con las instancias de gobernabilidad”
A pregunta expresa, el Fiscal aclaró que el Ministerio Público solicitó la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para otorgar medidas cautelares a petición de las propias funcionarias afectadas, por lo que rechazó que haya sido un tema burocrático, como aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien lo consideró un error.
Precisó que el Ejército rechazó atender la petición y tuvieron que recurrir a otras acciones, aunque no proporcionó más detalles.
“Esta persona le indicó que no fuera la policía estatal ni la Guardia Nacional, que por favor se hiciera la petición al Ejército. En el uso de su criterio y de su autonomía, el agente del MP consideró pertinente atender esta petición, hizo la solicitud al Ejército, esto no es ni siquiera una situación burocrática como se malentendió, es una petición de la víctima y tampoco es un tema del que pueda ser ajeno alguna instancia de seguridad, sea del orden federal, estatal o municipal, porque la seguridad pública es una situación concurrente.”
López Solís aclaró que no entrará en discusión con la SEDENA o con la Guardia Nacional, pero recordó que hay un acuerdo del presidente de México en el que se les faculta a atender solicitudes en materia de seguridad pública.
“Entiendo que hay un acuerdo del presidente de la República que referido a las solicitudes en materia de seguridad, SEDENA asume la dirección de lo que es la Guardia Nacional, entonces no queremos entrar a una discusión ni con la SEDENA ni con la Guardia, simplemente coordinarnos y eso es lo que estamos haciendo.
