Más de 300 sentencias por controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad siguen en proceso de cumplimiento en el país, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al detallar que al inicio de la actual presidencia del máximo tribunal se tenía un rezago de 422 resoluciones pendientes, cifra que logró reducirse 25 por ciento en poco más de tres meses.
Lo anterior, durante la reunión de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación de Michoacán, entre autoridades legislativas y representantes de la SCJN, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En el encuentro, Fermín Santiago Santiago, secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte, explicó que al 1 de septiembre de 2025 había un registro de 422 sentencias sin ejecutar, derivadas de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad promovidas entre autoridades, principalmente en contra de congresos locales, gobiernos estatales o leyes emitidas.
“Estas reuniones, de hecho estas reuniones son inéditas, nunca se habían dado, y esa encomienda que nos ha dado el ministro Hugo Aguilar en el sentido de que nosotros tenemos que coadyuvar con las autoridades en el cumplimiento. De hecho el 1 de septiembre de 2025 cuando el ministro presidente entra la Suprema Corte pues tenía 422 sentencias en ejecución pendientes, en septiembre, octubre, noviembre logramos bajar el 25% de esos 422 al 16 de diciembre teníamos 301 cumplimientos pendientes”, explicó.
Detalló que mediante una estrategia impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar, que incluyó reuniones de acompañamiento con autoridades responsables del cumplimiento, el número de sentencias pendientes se redujo a 301 al 16 de diciembre, lo que representa una baja significativa en un periodo corto.
Santiago Santiago subrayó que estos encuentros son inéditos y forman parte de una nueva lógica de colaboración institucional, en la que la Suprema Corte no solo emite sentencias, sino que también coadyuva para que las resoluciones se cumplan de manera efectiva. Indicó que este modelo ya se ha aplicado en entidades como el Estado de México, San Luis Potosí, Quintana Roo y Morelos.
Respecto a las causas que originan las declaratorias de invalidez, señaló que no necesariamente responden a desconocimiento de la Constitución, sino a diversas situaciones jurídicas, como la omisión de consultas obligatorias o inconsistencias con disposiciones constitucionales, lo que abre áreas de oportunidad para mejorar el trabajo legislativo.
Finalmente, destacó que procesos como la consulta pública para la reforma educativa en Michoacán permiten no solo atender los criterios establecidos por la Corte, sino fortalecer la elaboración de leyes con un enfoque incluyente hacia pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, con el objetivo de prevenir futuras controversias.
