Con el objetivo de mantener vivas sus tradiciones, cultura y sobre todo defender las fuentes de trabajo de miles de michoacanos, este martes, taurinos, galleros, jaripelleros, charros, industriales, comerciantes y especialistas en el trato de animales, realizaron una mega marcha para manifestarse en contra de la propuesta de reforma a la Ley de los Derechos y Protección de los Animales, que se encuentra en análisis en el Congreso local a través de la cual, se pretende prohibir las corridas de toros, peleas de gallos, exhibiciones de caballos y demás actividades afines.
Tras argumentar que las tradiciones dan identidad, el delegado estatal de la Federación Tradiciones Unidas por México (Fetumex), Carlos Solorzano Solís, señaló que contrario a lo que refiere la iniciativa de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mayela del Carmen Salas Sáenz, “no son delincuentes” solo buscan su bienestar social, respeto a la cultura mexicana y a sus fuentes de empleo dignas.
Con un carro alegórico, bandas musicales, hombres montados a caballo, gallos en mano, adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños, salieron a movilizarse de forma pacífica, por las principales calles de la ciudad por más de dos horas.
La marcha partió desde la Plaza de Toros La Monumental de Morelia, para dirigirse por la Avenida Madero, llegar a la Plaza Morelos y retornar al Congreso del Estado, en donde realizaron un mitin y se pronunciaron a favor de las actividades tradicionales emanadas del toro, el gallo y el caballo, al afirmar que no existe un mal trato animal, y se manifestaron en desacuerdo con que se estén humanizando, la secretaria general de la Federación Tradiciones Unidas por México (Fetumex), Marbella Romero, invitó a los diputados a supervisar las condiciones en las que se encuentran las ganaderías y corroboren que no están haciendo ningún daño a estos animales.
Minutos más tarde, ante la ausencia de diputados locales que se encuentran en periodo vacacional, los manifestantes fueron recibidos por un grupo de asesores del Congreso del estado, a quienes entregarían un documento en el que piden a los legisladores “echar abajo” la iniciativa.