Sobre una posible reforma electoral se han dicho muchas cosas, algunas más o menos razonables y otra disparatadas. Pero sería bueno empezar por definir lo que no debe cambiar, si se trata de preservar y fortalecer la democracia que, mal que bien, los mexicanos hemos construido y disfrutado por casi tres decenios.
El primer pilar de esa construcción, indispensable para unas elecciones limpias, es un padrón electoral auténtico y confiable, que incluya potencialmente a todos los ciudadanos y que permita votar solo a quienes estén debidamente registrados e identificados. Se dice fácilmente, pero por muchas décadas México careció de un padrón electoral que diera esas garantías. Prevalecían métodos rudimentarios de registro que no tenían forma de verificarse, ni actualizarse, ni evitar duplicidades, ni depurarse por fallecimientos, ni de identificar fehacientemente a los votantes.
¿Alguien recuerda las cartillas electorales que utilizaban nuestros padres? Eran unas pequeñas piezas de papel verde en el que se escribía a máquina el nombre de la persona, sin fotografía ni forma alguna de verificar eficazmente la identidad. Pero no era sólo un problema técnico, sino también político. El padrón electoral era confeccionado y administrado por un órgano de la Secretaría de Gobernación, y no era raro que se manipulara y alterase según el interés del partido oficial. De modo que fue necesario poner el padrón electoral y la emisión de credenciales para votar en manos de un organismo autónomo como el Instituto Federal Electoral (convertido después en el Instituto Nacional Electoral).
El padrón electoral de México no solamente está administrado por un organismo autónomo, imparcial y profesional, también está sujeto a mecanismos de verificación y auditoría por parte de todos los partidos políticos nacionales, mediante comités de vigilancia nacional, estatales y distritales; se verifican bajas por defunción y cambios de domicilio; se corroboran homonimias y se corrigen posibles duplicidades de registros; se aplican periódicamente verificaciones censales y muestrales; se realizan por expertos externos estudios de consistencia del padrón con la dinámica demográfica. Además, se expiden personalmente y en forma gratuita credenciales infalsificables, con códigos digitales e información encriptada, que fungen como el medio más extendido y seguro de identificación de todos los mayores de 18 años. Si una eventual reforma electoral retirase del INE esa formidable base de datos y los eficientes mecanismos de expedición de credenciales, el sistema electoral sufriría una regresión gravísima, y la ciudadanía perdería el documento de identidad más seguro que México ha tenido en toda su historia.
La capacidad técnica y operativa que el INE demuestra en todas las elecciones es fruto de un cuerpo de funcionarios electorales de carácter permanente, desplegado por todo el territorio nacional e integrado en 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, además de numerosos mandos medios de órganos centrales.
En cada elección federal (ahora concurrentes con muchos comicios locales) el INE instala de más de cien mil casillas desplegadas por todo el territorio nacional, con la puntualidad y la precisión de una enorme maquinaria de relojería. El soporte de esa enorme capacidad operativa es el Servicio Profesional Electoral, un sistema de reclutamiento, ingreso, evaluación y promoción que alinea incentivos para cumplir las tareas encomendadas siempre dentro de la ley, sin deberle nada a ningún poder externo ni a partidos ni a gobiernos. El personal de carrera es la mejor garantía de imparcialidad, independencia y eficacia de la función electoral. Desmantelarlo o reducirlo significaría una regresión a los peores años de la manipulación de las elecciones.
La autonomía es otro de los pilares en los que se sostiene la limpieza de las elecciones. Desde 1996 el IFE adquirió plena autonomía y ésta se ha mantenido porque el diseño institucional así lo propicia y exige. Quienes integran el órgano máximo de dirección del INE, consejeras y consejeros electorales, son nombrados por una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara de Diputados, después de un proceso de evaluación profesional conducido por un comité técnico. Por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo no interviene en tales nombramientos. La mayoría calificada impide que una fuerza política pueda decidir por sí sola, de tal manera que tiene que haber negociación entre las bancadas, y todos los designados deben ser aceptables para unas y otras, merced a su imparcialidad y su dominio de la materia electoral.
La Constitución otorga a los consejeros independencia frente a los partidos y el gobierno, a la vez que sus decisiones -siempre colegiadas- se rigen por reglas y procedimientos estrictos. La imparcialidad e independencia de las decisiones de los consejeros del IFE y después del INE han sido probadas y refrendadas porque, desde las elecciones de 2000 y en las subsiguientes, tres partidos diferentes han ganado la presidencia, y la alternancia en gubernaturas, municipios y cargos legislativos son desde entonces la norma. Con un árbitro imparcial y autónomo, son los votos ciudadanos los que determinan el resultado electoral, no la voluntad del gobierno en turno. Cambiar sustancialmente el mecanismo de nombramiento de consejeros pervertiría su carácter de árbitros para convertirlos en jugadores de la contienda. La imparcialidad y la autonomía serían letra muerta. México retrocedería a un pasado infausto.
