Para dotar de mayor certeza y fortalecer el desarrollo de los municipios desde la legislación, se dictaminó la nueva Ley Orgánica Municipal, misma que será turnada al Pleno de la LXXIV Legislatura Local para su primera lectura, discusión y aprobación, afirmó el diputado Humberto González Villagómez.
Durante la reunión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, explicó que se determinó agregar a la nueva Ley, un lenguaje incluyente, así como fortalecer la figura de las y los síndicos.
“Mi deber con mi Distrito de Puruándiro y Michoacán, es que el Estado cuente con una Ley que permita a los ayuntamientos ser paritarios, y que cuenten con los mecanismos y herramientas jurídicas que contribuyan a su desarrollo y progreso”.
Humberto González destacó que con esta nueva Ley, se dotará de certeza jurídica a los municipios acerca de sus funciones y acciones conforme a la nueva realidad que vive el estado, la cual por años ha sido exigencia de los municipios y sus autoridades, misma que en la LXXIV Legislatura será una realidad.
Recordó que desde la Comisión de Fortalecimiento Municipal se realizó un intenso trabajo consultivo, de análisis y proyección que hoy cristaliza con este dictamen, para someterse a su primera lectura, la cual confió se aprobará.
El diputado por el Distrito de Puruándiro calificó como fundamental la aprobación en su momento de una nueva norma, ya que la existente data de hace más de 15 años, cuando la realidad del estado era otra y la dinámica de operar los municipios también.
Humberto González señaló que con la nueva Ley, se garantiza el desarrollo de los municipios y la inclusión de los pueblos indígenas, considerando también a los encargados del orden y jefes de tenencia.
“Esta iniciativa se construyó con el aporte de todas y todos, el cual está a la vanguardia y responde a las necesidades actuales de la entidad, y de cada demarcación con la finalidad de que contará con la visión de todos para que la nueva ley, atienda las necesidades que más se aprenden y brinden las herramientas jurídicas a la población y autoridades locales”.
