“Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca la ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas”. Fernando Savater (1947 –) Filósofo español.
Mientras el discurso oficial de los gobiernos federal y estatal insiste en menospreciar los hechos de violencia que se registran por todos lados, en Michoacán la extorsión somete a prácticamente todos los sectores productivos.
La balacera y quema de tres lotes con venta de vehículos en Uruapan porque su dueño, Jesús Barragán Álvarez no quiso pagarles 1 millón de pesos por cada uno de sus lotes, es apenas un botón de muestra de la crisis de inseguridad que padece la entidad.
Barragán Álvarez señaló que fueron unos “60 civiles armados” los que dispararon más 2 mil balas e incendiaron los negocios, con saldo de un joven de 21 años muerto y 3 lesionados, uno de los cuales enfrenta una situación complicada debido a 15 impactos de bala que recibió en su cuerpo.
No es la primera vez que padecen la extorsión, antes, explicó, ya habían pagado entre 200 mil y 300 mil pesos para que les permitieran poner en marcha algún negocio. Y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, padecieron el secuestro de un familiar, por el que pagaron un rescate de 9 millones de pesos.
Días antes, también incendiaron comercios con venta de ropa ubicados en la Expo Textil de Cuitzeo, donde hasta ahora no hay responsables, pero todo apunta a que es un ajuste de cuentas del crimen organizado ante la negativa de los comerciantes de pagar piso.
Ante semejantes hechos, resulta irresponsable que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y sus funcionarios evadan la realidad, mientras no reconozcan la crisis que padece Michoacán de inseguridad por la extorsión, disputas de grupos criminales y muertes violentas, no habrá manera de disminuirla.
Hacen mal en seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador y sus estrategias de negar, tener otros datos o aplicar los “abrazos y no balazos” que se asemeja a una complicidad con los criminales.
Si bien es cierto que disminuyeron un 27 por ciento los homicidios dolosos en el 2023, como lo informó el fiscal estatal Adrián López Solís en días pasados y como lo presume constantemente Ramírez Bedolla, también es cierto que Michoacán fue el sexto estado del país más violento el año pasado con 1 mil 773 homicidios y es el quinto con más muertes violentas en lo que va del sexenio de López Obrador con 11 mil 962, como lo refiere la agencia de investigación pública Tresearch con datos del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De ese tamaño la tragedia. Y en el caso de la extorsión, ha permeado en prácticamente todos los ámbitos productivos, pero los afectados, han optado por pagar la cuota en aras de mantener el negocio y salvaguardar la vida, ante la ineficacia total, especialmente del gobierno federal.
En voz baja, productores de aguacate, limones y ganaderos, así como comerciantes, se quejan amargamente, mientras reconocen que, en sus libros contables, además del pago de impuestos oficial y los gastos habituales de operación, también consideran el pago de la extorsión.
Quejarse con la autoridad sirve de muy poco, porque difícilmente hacen algo y les van a pedir que denuncien, cuando es claro que, de hacerlo, pondrían en riesgo su vida.
Así la realidad de Michoacán ante autoridades evidentemente incompetentes y peor aún, empeñadas en la demagogia, en los otros datos y en la comodidad de que ellos y su familia gozan de un séquito de seguridad que le ayuda hasta pasarse los semáforos en rojo.
Veremos si en algún momento les llega un poco de humildad para de menos, reconocer el problema e intentar hacerle frente. Por lo pronto, todavía le restan 8 meses y 6 días al gobierno de López Obrador… parece una eternidad.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
