“En México, hay un pacto de impunidad tácito entre los políticos, los políticos no investigan a otros políticos”. Francisco Goldman (1954 -) Escritor estadounidense.
En Michoacán la rendición de cuentas es letra muerta. Cuando menos desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel las sospechas de corrupción abundan, al igual que las acusaciones y promesas de sanciones, pero en los hechos, nada ha pasado.
Los nombres de personajes corruptos que usted recuerda en este momento siguen vigentes, han cambiado de partido, son opositores, nuevamente parte de algún gobierno o legisladores, pero ufanamente siguen viviendo del erario.
Así que, sin temor a equivocarme, que se aplique todo el peso de la ley a algún político que se le demuestre alguna irregularidad, se aplaudiría, nos pondríamos de pie. Pero debe ser transparente y contundente.
Lo anterior viene a colación por lo dimes y diretes que han surgido tras el “cateo” que se realizó en una propiedad en el municipio de Lagunillas el pasado martes, misma que algunos medios de comunicación presumieron podría pertenecer a Silvano Aureoles Conejo, toda vez que, en el lugar, fueron ubicados 3 policías adscritos al exgobernador michoacano. Esas mismas notas, señalaron que en la finca se habrían encontrado bóvedas con dinero, de lo que hasta el momento no hay nada oficial.
Extrañamente el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes ha brillado por su ausencia, nadie ha podido explicar oficialmente cuál fue el presunto ilícito.
Este miércoles por la mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sólo informó que se recibió una llamada al C5 donde se reportó un vehículo que presuntamente fue utilizado en un ilícito y que fue encontrado dentro de la propiedad.
Y sólo eso. No sabía a ciencia cierta cuál fue el delito reportado, tampoco quién es el propietario de la “hacienda moderna” como la llamó, ni si encontraron algo más. Nada.
Conste, el mismo martes, Silvano Aureoles señaló que la propiedad cateada en Lagunillas no es suya, a la par que el empresario aguacatero Valentín Rodríguez manifestó ser el dueño y advirtió con actuar legalmente ante el allanamiento.
Después, circuló otro documento con el que presuntamente se demuestra que la dueña del rancho cateado es Patricia Orozco Cortez, esposa del actual auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien reconoció una propiedad en Lagunillas, pero no tiene nada edificado, por lo que aseguró que la acusación contra su esposa es un mero chisme.
Lamentable desde cualquier óptica la ausencia de información oficial para un asunto que tendría que tratarse con toda puntualidad y contundencia, por el sólo hecho de, presuntamente, involucrar a un exgobernador.
No descarte usted que todo quede en los dimes y diretes, en la batalla que enfrentan los grupos políticos que lideran Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán y Silvano Aureoles Conejo.
Tampoco pierda de vista que podría tratarse de alguna estrategia política y mediática para tumbar a Miguel Ángel Aguirre de la Auditoría Superior, considerado auditor carnal de Aureoles Conejo. Actualmente lo traen contra las cuerdas los legisladores locales y ya ha intentado debilitarlo desde que inició la 75 legislatura y llegó al Solio de Ocampo, Ramírez Bedolla.
Lamentablemente parece que quedará en un golpe mediático, sin mayor contundencia, que no raspará mucho a una de por sí deteriorada imagen de Silvano Aureoles.
Todo indica que la impunidad seguirá reinando en Michoacán. Y, sin embargo, Alfredo Ramírez tiene en sus manos la oportunidad de hacer valer la rendición de cuentas. Por lo pronto, debería exigir a sus funcionarios implicados, expliquen con puntualidad el caso Lagunillas.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
