“Un ámbito inviolable es la honestidad. En la gestión pública significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta. El tema del honor no admite dudas. No hay sitio para ambigüedades”. Fernando de la Rúa. (1937 – 2019). Ex presidente de Argentina.
La pandemia por COVID-19 indudablemente ha obligado a las autoridades de todos los niveles a destinarle dinero que, al inicio del presente ejercicio fiscal, estaba presupuestado a otras acciones, lo que permite coincidir con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en la necesidad de apoyos extraordinarios de la federación para hacerle frente a la realidad actual y a la que viene, que indudablemente traerá un fuerte impacto económico.
Lamentablemente su solicitud no ha sido acompañada de una contundente transparencia, por lo que ha sido juzgada incluso, como un posicionamiento meramente político para mejorar su imagen y ganar adeptos, especialmente por figurar entre los gobernadores que exigen, entre otras cosas, reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que haya una mejor distribución de la riqueza y han advertido que presentarán controversias constitucionales ante decisiones que ha tomado López Obrador vía decretos.
La semana pasada, Aureoles Conejo informó que ha invertido 1 mil 730 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus, pero no ofreció ni siquiera un desglose simple de en qué se ha gastado dicha cantidad, mucho menos explica de qué partidas del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal ha tomado los recursos. Hasta el momento tampoco ha enviado al poder Legislativo algún informe al respecto.
Ya sea por un genuino interés para hacerle frente a la pandemia y sus consecuencias e incluso, por mejorar su imagen y tratar de salir mejor evaluado en las encuestas que suelen ubicarlo entre los 10 peores a nivel nacional, Aureoles Conejo debería ser más contundente y claro en sus mensajes.
La semana pasada, durante la visita de los gobernadores “rebeldes” de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Colima y Jalisco, bien pudo aprovechar y fijar una postura con un desglose de gastos al momento, y claro, acompañados de la documentación posible para evidenciar de qué tamaño es la urgencia del apoyo federal.
Pero no, todo queda en el discurso con datos generales. Prácticamente ningún gobierno se atreve a hablar con la precisión que la problemática obliga. Ni siquiera pudieron responder todos los gobernadores en su rueda de prensa, cuánto es lo que han invertido para atender la emergencia sanitaria.
En el caso Michoacán la situación es peor, debido las dificultades que padece la entidad desde hace cuatro lustros que se arrastran presupuestos deficitarios y una deuda acumulada que actualmente de casi 24 mil millones de pesos, según la Cuenta Pública del primer trimestre del presente año, donde no considera todavía los 4 mil 90 millones que recientemente le autorizó contratar el poder Legislativo.
Aureoles Conejo se anticipó a las disposiciones federales e implementó medidas para contener el contagio de COVID-19, que buena parte de la población le ha reconocido, incluso el decreto de Aislamiento Obligatorio que provocó un arduo debate en redes sociales y hasta amparos, pero, para muchos michoacanos es mejor velar por el derecho de la vida humana, que el derecho al libre tránsito, por citar un ejemplo.
En fin, gobiernos van y vienen y les sigue costando la transparencia. Veremos si en los próximos días ante las emergencias que vive Michoacán, la administración que encabeza Aureoles Conejo es capaz de retomar con mayor contundencia y transparencia, su solicitud de apoyos extraordinarios a la Federación, o alguna fracción parlamentaria del Congreso local se atreve, más allá de la politiquería, a exigirle al gobierno estatal, cuentas claras.
Será importantísimo para tomar decisiones y hacerle frente a una circunstancia financiera, que el propio Silvano Aureoles, consideró que será extraordinariamente compleja.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
