“Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos”. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego
Políticos encumbrados en el poder van y vienen, pero se mantiene la constante de montar teatros y circos en aras de llevar agua a su molino.
Resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los mandatarios estatales a sumarse a un “Acuerdo Nacional por la Democracia” donde se comprometen a garantizar elecciones libres, limpias y garantes de la voluntad del pueblo.
Semejante escena gubernamental apenas alcanza la categoría de politiquería, payasada o atole con el dedo. Y es que no se necesita comprometer absolutamente nada, basta con que se respete y se aplique la ley, pero eso es justamente lo que no sucede.
López Obrador es el ejemplo máximo de lo indebido. Su dizque rueda de prensa matutina es la piedra angular de una estrategia propagandística con miras al 6 de junio, para lograr la mayoría calificada de Morena y sus partidos alfiles en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Es evidente el uso electorero de los programas sociales y hasta de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Claro que no es exclusivo del actual gobierno y Morena, es una lamentable práctica que han usado todos los partidos políticos ya sea desde el gobierno federal, los estatales y municipales.
La sospecha del desvío de recursos públicos con fines electorales se mantiene, lamentablemente todo se ha quedado en sospecha, porque no hay rendición de cuentas, no se aplica la ley y los políticos optan por perdonarse semejante comportamiento, sabedores que, desde el poder, todos lo hacen.
Así que, en lugar de eventos para promover acuerdos en lo oscurito, sin la presencia de las autoridades electorales y sin oportunidad de un intercambio de opiniones entre los asistentes, el presidente de México tendría que hacer lo correcto, como cancelar su acto propagandístico mañanero, justo como él se lo exigió a los que le antecedieron en el poder federal.
Tendría que ser congruente con lo que él mismo impulsó y que está considerado desde el año 2007 en el artículo 134 constitucional que señala:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunden como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Por el contrario, López Obrador ha optado por imitar a Vicente Fox y ahora argumenta con la libertad de expresión, “su derecho” para mantener su propaganda “mañanera”, incluso durante los tiempos de campañas proselitistas. Se le olvidó por completo cuando arremetía con el “cállate chachalaca” para exigir que Fox Quesada no usara la tribuna presidencial para hablar de partidos, comicios o atacar a los adversarios. Y si no se le olvidó, entonces es un cínico peor a los que tanto critica.
El colmo es que, ufanos, los gobernadores se sumaron a un acuerdo que de antemano saben que no respetarán, y lo hicieron sin que les hayan dado oportunidad de quejarse, fijar postura o lucirse. Vaya control el que ejerce López Obrador.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
