El pasado jueves entró en vigor la ley de amnistía en el país, la cual tiene por objeto beneficiar a personas que no cometieron delitos graves. Entendiendo por amnistía que deriva de la palabra griega amnestia, que es también la raíz de amnesia. La raíz griega connota el olvido más que el perdón de un crimen que ya ha sido objeto de una condena penal[1].
Y como señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la amnistía en un sentido más amplio es: a) La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o b) La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada.
Tomando en cuenta que “Las amnistías no impiden que se haga efectiva la responsabilidad jurídica respecto de una conducta que todavía no ha tenido lugar, que constituiría una invitación a violar la ley”[2].
En ese sentido, la ley de amnistía recién aprobada, señala estar a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
Llama mi atención el tratamiento que se le da al supuesto delito de aborto, y que en esta ley se destaca que se beneficiarán de ésta a quienes:
- a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;
- b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;
- c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo;
- Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este artículo;
Lo anterior, me parece un avance importante, sin embargo, considero que sigue sosteniendo la idea de que el aborto es un delito cuando en realidad es un derecho humano, pese a la oposición ideológica moral y criminalizadora al respecto.
Lo cierto es que el aborto, es un hecho natural en la vida de las mujeres, que en muchas ocasiones se da y se vive de manera imperceptible, y en otras es necesario recurrir a prácticas de clandestinidad que pueden colocar la vida de las mujeres en riesgo o bien, a redes de apoyo que han construido las mujeres para que se viva de manera segura.
Desafortunadamente, la iniciativa de Ley de Amnistía en Michoacán presentada por el Diputado Sergio Báez Torres de la fracción parlamentaria de Morena, pretende limitar la amnistía a las mujeres respecto al aborto, no considerando o desapareciendo el inciso c y la fracción segunda de la ley recién aprobada a nivel federal, por así decirlo, las cuales tienen que ver con la imputación a la familia de la madre y con el homicidio en razón de parentesco.
Resulta que las mujeres que recurren a un aborto, no siempre son encarceladas por este delito, más bien son imputadas por otros delitos como el homicidio en razón de parentesco aunado a una serie de prejuicios que basados en estereotipos, pretenden criminalizar a las mujeres por no querer ser madres y por una innumerable serie de mezquindades que le acusan y reprochan a quien decidió abortar.
En Michoacán, según datos de la investigación realizada por la organización “Las Libes” sobre “estigma y aborto” en el 2019, hay 117 carpetas de investigación de mujeres acusadas por aborto y se infiere que hay posiblemente una mujer sentenciada por homicidio en razón de parentesco.
No me extraña que la fracción parlamentaria de Morena, tenga una posición contraria a garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, nos ha quedado claro con algunas de sus posiciones cargadas de misoginia y violencia por parte de algunos de sus integrantes, así como en la pasada elección del ombudsperson para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que una de las candidatas fue violentada por tener una posición congruente con la no criminalización del derecho de las mujeres al aborto en donde prefirieron callar que tener una posición garantista al respecto.
Lo preocupante de esta Legislatura LXXIV del Congreso de Michoacán, es la idea persistente de limitar el ejercicio pleno de los derechos humanos en particular de las mujeres, lo cual es bastante fascista y represiva, llena de contradicciones en las que se pretende dar una cara de progresistas pero que en el fondo se sostiene una posición conservadora, moralizadora y de perdón, respecto a las decisiones que las mujeres ejercemos sobre nuestro cuerpo y derechos humanos.
Desde el 2018 a la fecha en el Congreso de Michoacán se han presentado 6 documentos, ya sea posicionamientos o iniciativas, que pretenden criminalizar a las mujeres por abortar, sólo hay una iniciativa a favor de la despenalización del aborto, que da muestra de un ejercicio ciudadano de las mujeres del movimiento feminista y la articulación con el Diputado Antonio Martínez de la fracción parlamentaria del PRD, pero que está “atorada” por grupos conservadores en la comisiones de Salud y Justicia.
Resulta que como nunca antes, las mujeres michoacanas, no somos representadas en este poder, somos menos ciudadanas que las mujeres de la Ciudad de México y el estado de Oaxaca que han logrado despenalizar el aborto en sus estados.
Aunque en realidad lo que queremos es que desaparezca el tipo penal del Código Penal de Michoacán y del federal, ya que sólo así se haría justicia y se reconocería la igualdad sustantiva de la que tanto se pregona y demanda. Espero que lo anterior, sirva para ir integrando criterios para la elección que viene y que sume a favor de nuestros derechos, ya que requerimos de representantes más valientes, humanas y comprometidas a favor de las mujeres michoacanas.
[1] Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf
[2] Ibídem.
