La terrible realidad que azota al país en materia de inseguridad, obligó al Gobierno Federal a atender la exigencia por una Estrategia Antihomicidios planteada desde Michoacán por la Fiscalía General del Estado, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, refirió que finalmente se muestra un acierto de la federación, esto con la implementación de la Estrategia Antihomicidio, ya que el campo de acción de esta propuesta será determinante para hacer frente a la incidencia en este delito que ha impactado a todo el país y de manera particular a Michoacán.
“Es importante que no haya quedado en el aire el planteamiento que hizo hace dos años el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, ante el pleno de la Asamblea Extraordinaria 2019 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuando se pronunció por crear una estrategia nacional para la investigación y persecución del homicidio doloso que garantice el trabajo coordinado entre las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública del país”.
Julieta Gallardo consideró que la Estrategia Nacional Antisecuestro es el más claro ejemplo de lo mucho que se puede avanzar en el combate a este delito de alto impacto, de ahí que consideró como un acierto el anuncio que ha hecho la federación.
“Es claro que la situación de colapso por la que atraviesa el país, orilla a la Federación a reconsiderar acciones que por años desdeñó, por eso, aún y cuando han pasado ya tres años desde que el Fiscal michoacano planteó la premisa de que la atención y combate del delito de homicidio requiere del esfuerzo interinstitucional, es positivo que finalmente la propuesta haya sido retomada y sea una realidad nacional”.
Recordó que la propuesta formulada desde Michoacán, plantea la creación del Sistema Único de Base de Datos relacionados con la incidencia del delito y la elaboración de una base de datos sobre el Registro nacional de Víctimas de Homicidio, lo que contribuirá en la determinación de una política criminal que dote a cada uno de los estados de los instrumentos para la atención y combate al delito.
