La crítica y la investigación periodística quedarán prohibidas si se aprueba la llamada “Ley Censura”, denunció el diputado federal del PAN Armando Tejeda Cid.
El legislador advirtió que la iniciativa otorga al gobierno la facultad de decidir qué información puede circular y cuál no, convirtiendo el periodismo de investigación en un riesgo. Si esta ley se aprueba, México dará un paso atrás en su vida democrática: se debilitará el contrapeso de la prensa libre, se limitará el derecho de la ciudadanía a saber y se abrirá la puerta a un control autoritario de la información.
“Aunque el Gobierno sostiene que estas medidas buscan proteger los derechos de las audiencias, existen serias preocupaciones sobre el alcance de las facultades que tendrá
la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y el riesgo de que la regulación termine
convirtiéndose en un mecanismo de presión o censura sobre los medios de comunicación”, señaló.
Los precedentes internacionales son claros y aleccionadores. En Venezuela, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y posteriores normas de control mediático derivaron en el cierre de cientos de medios y el silenciamiento de la prensa independiente. En Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos y otras regulaciones similares provocaron el cierre o confiscación de más de 50 medios y el exilio de cientos de periodistas. En ambos casos, la censura no solo calló a la prensa: terminó por sepultar la democracia.
“Cuando el gobierno teme a los cuestionamientos, solo le queda recurrir a la censura. Hoy el México de Morena quiere callar a quien investiga”, afirmó.
Tejeda Cid subrayó que controlar la información y silenciar la crítica es una característica de los gobiernos autoritarios que buscan perpetuarse en el poder.
Ante esta amenaza, Acción Nacional plantea una regulación que:
- Garantice la libertad de expresión y de prensa.
- Respete la autonomía editorial e independencia periodística.
- Fortalezca el derecho de réplica sin convertirlo en mecanismo de intimidación.
- Impida que autoridades administrativas se conviertan en árbitros de la verdad.
- Incluya la participación de periodistas, especialistas y organizaciones civiles en su elaboración.
“En una democracia no se pide permiso al gobierno para informar. Los medios investigan, cuestionan y difunden. Eso no se negocia”, concluyó.
