En la historia reciente de México, la soberbia, el autoritarismo y el uso faccioso del poder minaron la credibilidad del sistema político. Por décadas, diversas expresiones del PRI y del PAN reprodujeron prácticas donde la vanidad, el sectarismo y la descalificación sustituyeron al debate público y al respeto democrático. Justamente por ello, una de las promesas esenciales de la izquierda al llegar al poder fue no repetir esas mismas conductas. La dignidad política —entendida como la defensa del humanismo, la ética y el respeto a la ciudadanía— exige hoy honrar ese compromiso.
En este contexto, las declaraciones emitidas desde la tribuna del Senado por Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, resultan no solo desafortunadas, sino profundamente contradictorias con los principios que la izquierda dice representar. En un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia nacional, y donde su participación en la vida pública enfrenta obstáculos estructurales, cualquier expresión que reproduzca estigmas, prejuicios o agresiones desde posiciones de poder es inadmisible.
El caso de Grecia Quiroz es particularmente significativo. Su llegada a la presidencia municipal de Uruapan no obedeció a cálculos personalistas, sino al asesinato de su esposo, el presidente municipal Carlos Manzo, un crimen que evidencia la brutalidad que lacera a Michoacán y al país. En medio del duelo, Quiroz asumió la responsabilidad de dar continuidad a un proyecto municipal interrumpido trágicamente. Esa decisión, lejos de ser un acto de ambición, respondió a un sentido de deber y de compromiso con su comunidad.
Pese a ello, desde el Senado se lanzó una acusación que la calificó de “ultraderechista”, “fascista” y motivada por intereses electorales. Que esas palabras se hayan pronunciado precisamente el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, subraya la gravedad del hecho. No se trató únicamente de una crítica política: fue un intento de deslegitimación que, por su tono y contenido, reproduce patrones de violencia política de género.
Cabe preguntarse qué mensaje envía este tipo de declaraciones a las mujeres que participan en la vida pública: ¿que exigir justicia convierte a una funcionaria en oportunista? ¿que el duelo y la indignación pueden ser utilizados como arma para minimizar su voz?
La izquierda no puede permitirse transitar por ese mismo camino. No puede desdibujar la frontera ética que la distingue ni traicionar la promesa de construir una vida pública basada en el respeto y la igualdad. Cuando desde una tribuna institucional se reproducen estereotipos patriarcales, se descalifica con fines de intimidación o se revictimiza a una mujer que exige justicia, no se ejerce crítica política: se incurre en violencia.
Las consecuencias de este tipo de discursos no son meramente simbólicas. Cada vez que se toleran, se envía la señal de que la violencia contra las mujeres en la política es aceptable, que la fuerza del poder puede imponerse sobre la dignidad ajena y que la disidencia se resuelve con descalificación. Eso es exactamente lo que México ha intentado superar.
La verdadera transformación democrática exige instituciones que honren la investidura, representantes que ejerzan su voz con responsabilidad y un debate público que no degrade la dignidad de quienes participan en él. La izquierda en el poder tiene el deber histórico de demostrar que la política puede ejercerse sin repetir los viejos patrones de autoritarismo y soberbia.
Solo así podrá diferenciarse realmente del pasado que prometió dejar atrás. Solo así podrá sostener, con autoridad moral, que su proyecto se sb en el respeto, el humanismo y la igualdad.
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