Morelia, Mich.-La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, reiteró su criterio sobre la necesidad de revisar estrictamente el cumplimiento del requisito de promedio mínimo de 8 para aspirantes a cargos del Poder Judicial, establecido en la Constitución tanto local como federal. Lo anterior en el marco de las recientes impugnaciones a candidaturas judiciales que no cumplieron con el promedio mínimo de calificación requerido.
En entrevista, la magistrada afirmó que en su ponencia se ha hecho una interpretación garantista de la norma, pero sin dejar de lado el principio de legalidad.
“La Constitución dice 8 es 8. No hay de 7.5. No, incluso el mismo INE dijo el punto 9 no sube. Entonces, aquí ya no hay criterios de que nosotros podamos o no podamos revisar. Simplemente si algo en esta vida es exacto, son los números. Y ya tenemos ese precedente del propio INE, donde ya anuló 40 y tantas candidaturas electas. Y aparte, siendo un ejercicio muy garantista, insisto”, afirmó.
Andrade Morales explicó que, si bien, los comités de evaluación revisaron inicialmente los requisitos, el tribunal tiene la facultad revisora como máxima autoridad en materia electoral en el estado. “Nosotros somos un tribunal constitucional, nosotros tenemos que apegarnos al principio de legalidad que nos rige como órgano jurisdiccional, además de que por encima de la Constitución no hay nada, por eso se llama supremacía constitucional”, sostuvo.
En uno de los casos más recientes, detalló que se hizo un análisis exhaustivo del certificado de estudios del candidato impugnado, quien tenía un promedio de 7.8 y no contaba con estudios de posgrado. “Porque este candidato no tenía estudios de posgrado, no tenía otro tipo de estudios y bueno, entonces solamente para ser garantista, obviamente protegerle, brindar mayor protección a su derecho político electoral, pues efectivamente hicimos el promedio, el ejercicio del promedio sobre las matemáticas. que constaban en su certificado de estudio”, precisó.
Aunque su propuesta no fue respaldada por el resto de sus compañeros en el caso de este expediente, la magistrada emitió un voto particular defendiendo su postura, que, subrayó, se basa estrictamente en la Constitución.
Además, informó que hay al menos cuatro casos más en los que se revisará si los aspirantes judiciales cumplen con los criterios de elegibilidad respecto al promedio académico, y que serán resueltos, pero manteniendo su postura en relación al promedio mínimo.
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