Al enterarme de la captura de Caro Quintero inmediatamente me sentí emocionado y esperanzado, la sensación de que se haría justicia. Esto se debe en gran parte a su supuesta participación en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, y por tanta violencia que ha causado aquí en México, pero también debido a un asunto más personal. Según los informes que recibimos en 2020 de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, Quintero había participado en la planeación de los ataques de Bavispe, Sonora, que cobraron las vidas de 9 mujeres y niños inocentes de nuestras comunidades.
Mi prima Rhonita y cuatro de sus hijos pequeños estaban entre las víctimas. Nuestra familia ha estado buscando desesperadamente la captura y enjuiciamiento de todos los líderes intelectuales y planificadores de dicha masacre. También recibimos informes de que la nueva organización criminal de Quintero fue responsable del asesinato de nuestro querido amigo y nuestro abogado, Abel Murrieta, el 13 de mayo del año pasado.
Me encantaría verlo juzgado y sentenciado por esos asesinatos también, pero parece que ya existe un acuerdo para la extradición acelerada del Sr. Quintero hacia los Estados Unidos para ser juzgado por sus otros crímenes contra ciudadanos estadounidenses, incluido el agente de la DEA, el Kiki Camarena.
Si esto ocurre según lo planeado, puede estar seguro de que mi familia le pedirá a las agencias de EE. UU., que investiguen y lo acusen de los asesinatos de nuestros seres queridos que ocurrieron el 4 de noviembre de 2019. Es importante señalar que el Juez Federal, Clare Hochhalter, ha declarado el ataque como un acto de terrorismo. Sus acciones podrían abrir la posibilidad de que el Sr. Quintero sea juzgado como terrorista por los tribunales estadounidenses.
A pesar de lo importante que es todo esto, hay dos áreas de preocupación que me impiden considerar esto como una gran victoria para la justicia. El primero es el informe del Washington Post que cita a varios funcionarios estadounidenses que afirman que parte del acuerdo fue retirar los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el Sr. Salvador Cienfuegos.
Un artículo del 16 de julio en el Washington Post de Mary Beth Sheridan, afirma que, según varios funcionarios estadounidenses, parte del acuerdo para retirar los cargos contra el ex general fue una solicitud del ex fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, para que el gobierno mexicano localizara y capturara a Caro Quintero para su extradición a fin de ser juzgado en los Estados Unidos.
Me doy cuenta de que es extremadamente importante para las agencias y el gobierno norteamericano enviar un fuerte mensaje de que nunca se tolerará el asesinato de sus agentes, pero creo que retirar los cargos contra el Sr. Cienfuegos no fue la estrategia correcta.
Hubo más de 100,000 muertes por sobredosis en los EE. UU. el año pasado, la mayoría de ellas se debieron a drogas ilegales que ingresaban desde México. También una ola de violencia y secuestros que ha causado terror en muchas zonas de nuestro país. En mi opinión, es más importante trabajar juntos en un esfuerzo binacional para frenar las muertes causadas por estas drogas y violencia que ejecutar una vendetta casi personal por parte de las fuerzas del orden estadounidenses contra Caro Quintero.
No me malinterpreten. Es bien sabido que la DEA y las otras fuerzas del orden involucradas en la operación estaban extremadamente molestas y desanimadas por la liberación del Sr. Cienfuegos. Nunca hubiera sucedido si hubiera sido su decisión, pero fueron las negociaciones detrás de escena entre William Barr y el gobierno federal mexicano, las que llevaron a la liberación. Es obvio para cualquiera que preste atención que este fue un arreglo político que involucró al más alto nivel de ambos gobiernos. Por lo tanto, las declaraciones que hizo ayer el presidente López Obrador afirmando que su gobierno ya no está involucrado en este tipo de negociaciones, es una mentira evidente.
¿Por qué creo que es más importante responsabilizar a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley como el Sr. Cienfuegos que a los narcos? Es realmente simple. Sin funcionarios corruptos trabajando con los Narcos y protegiéndolos, sería mucho más difícil para ellos tener tanto éxito con su contrabando de drogas y otras actividades ilegales. Los políticos mexicanos corruptos y las fuerzas del orden cómplices son, con mucho, una amenaza mayor para la seguridad de ambas naciones de lo que Caro Quintero podría siquiera esperar ser.
Recordemos que, si no hubiera sido por los políticos corruptos y la policía, Kiki probablemente nunca hubiera sido torturada y asesinada. Tampoco habría escapado a Costa Rica después del asesinato, ni habría sido liberado por un probable soborno a un juez en 2013. La corrupción dentro del sistema es mucho más letal a largo plazo que cualquier líder del crimen organizado.
La segunda preocupación es el hecho de que nuestro actual presidente, López Obrador, se niega a reconocer el potencial de un aumento de la violencia debido al vacío de poder que dejó la captura de Quintero. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México están minimizando su papel en el aumento de la violencia en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, ya que hace un par de años Quintero decidió que era hora de recuperar parte de su antiguo territorio.
Este aumento de la violencia en el estado fronterizo de Sonora está bien documentado, pero el actual gobernador estatal y el gobierno federal parecen más que dispuestos a hacer la vista gorda ante estos hechos y dejar las áreas en cuestión y a sus ciudadanos tan vulnerables como siempre. No se equivoquen, si no se están preparando para el peor de los casos, tendrán las manos manchadas de sangre a medida que las cosas se salgan cada vez más fuera de control en la lucha por controlar este valioso territorio del narcotráfico que también contiene una de las minas de litio más grandes del mundo.
Muchos analistas de seguridad predicen que el arresto de Caro Quintero podría conducir a un aumento de la violencia en la región debido a las organizaciones criminales sobrevivientes, así como también a aquellos que fueron expulsados por el recién establecido Cartel de Caborca, liderado por Quintero y sus socios. “Somos gente de Caro Quintero, esta plaza nos pertenecía”, fue el mensaje dejado junto a los cuerpos desmembrados de dos hombres en mayo de 2020. Desde entonces, las calles de Caborca se han vuelto extremadamente sangrientas. Ha habido cuerpos dejados en congeladores y remolques abandonados.
Ha habido guerras en las calles, tiroteos, aumento de secuestros y extorsiones, amenazas directas a las autoridades locales e incluso toques de queda forzados. Que el gobierno estatal y federal haga la vista gorda ante esta realidad y pretenda que todo será pacífico ahora que el líder del Cartel de Caborca ha sido detenido es muy peligroso. Esta mentalidad ha sido el defecto fatal de la estrategia de Kingpin. La estrategia solo funciona si una vez que se corta la cabeza de la organización criminal, las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera trabajan para desmantelar el resto de la organización de arriba hacia abajo.
Capturar a los grandes jefes, los llamados “kingpins”, y luego dejar un vacío de poder solo ha resultado en más violencia a medida que los grupos disidentes más pequeños van a la guerra para asegurarse una parte del pastel. Muchos de estos grupos más pequeños se volvieron mucho más violentos y letales en el proceso. Mi advertencia a las autoridades actuales es que, si no aprendemos del pasado, estamos obligados a repetirlo. No dejes que los ciudadanos de estas áreas en disputa enfrenten este peligro por su cuenta. Si lo hace, la sangre estará en sus manos.
